Redacción: Inés Arroyo
La crisis laboral que mantiene paralizado parte del sistema de justicia en la Ciudad de México no es un problema aislado, sino un reflejo de fallas profundas en la estructura y liderazgo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, órgano que coordina funciones esenciales para el acceso a la justicia en la capital.
Esta dependencia se compone de cinco áreas principales: la Defensoría Pública, los Juzgados Cívicos, la Dirección General de Servicios Legales, el Registro Civil y la Dirección de Regularización Territorial. Cada una con funciones distintas pero interdependientes, todas bajo la conducción de la Consejera Jurídica, figura central del conflicto que atraviesa la institución.
La Defensoría Pública, por ejemplo, atiende un promedio de más de 100 mil personas al año, principalmente en materias penal, civil y familiar. Desde el inicio del paro, gran parte de esa atención ha quedado suspendida, afectando a sectores vulnerables que dependen de estos servicios gratuitos.
En el caso de los Juzgados Cívicos, hay más de 70 unidades operativas distribuidas en las 16 alcaldías. Cada una procesa entre 60 y 150 casos diarios, relacionados con faltas administrativas, alteraciones al orden público y detenciones por conflictos vecinales o consumo de alcohol en vía pública. Se estima que, en total, estos juzgados resuelven más de 1.5 millones de expedientes al año, lo que los convierte en la primera línea de contacto entre la ciudadanía y el sistema de justicia.
El paro y las protestas que ahora atraviesan estas áreas tienen un común denominador: la falta de condiciones laborales dignas y la ausencia de liderazgo efectivo desde la cabeza institucional. Trabajadores de diversas áreas coinciden en que la Consejera Jurídica ha ignorado sistemáticamente las demandas internas y ha delegado el control operativo en direcciones intermedias, algunas de las cuales también enfrentan señalamientos por falta de capacidad o disposición para el diálogo.
“El problema está en la cabeza”, advierten empleados inconformes. Desde juzgados sin descanso hasta defensorías colapsadas por la carga laboral, el malestar se ha vuelto transversal.
La Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, por ejemplo, se mantiene acéfala desde hace meses. La actual encargada de despacho, Alejandra Negrete Morayta, no ha atendido personalmente a los trabajadores y ha sido señalada por cerrar las puertas a representantes sindicales y personal que buscaba el diálogo.
Mientras tanto, el rezago se acumula: tan solo en las áreas de defensoría y justicia cívica, hay más de 15 mil expedientes detenidos, y la cifra aumenta con cada día de paro.
Lo que inició como un reclamo en un área, ha terminado por evidenciar una crisis estructural en toda la Consejería Jurídica, cuyas fallas afectan tanto al interior como al exterior de la administración pública.
¿Será posible revertir esta crisis sin una transformación real en el liderazgo de la Consejería Jurídica?
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