Redacción: Inés Arroyo
El Senado aprobó reformas a la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el fin de mejorar los mecanismos para evitar el lavado de dinero.
La reforma fue respaldada por 74 senadores, principalmente de Morena y sus aliados; 13 votos en contra, de legisladores del PRI y algunos del PAN; y 19 abstenciones, de Movimiento Ciudadano y sectores del PAN. El dictamen se enviará ahora a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación.
Una modificación importante fue la eliminación de cualquier referencia al financiamiento del terrorismo, ya que este delito está regulado en otras leyes y tratados internacionales, explicó la senadora Lucía Trasviña.
Durante el debate, se cuestionó la eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras denuncias contra instituciones financieras por posible lavado de dinero. El senador panista Francisco Ramírez Acuña preguntó si hubo falta de información o acciones insuficientes por parte de la UIF y otras autoridades. Legisladores de Morena respondieron que la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria han investigado estos casos.
La oposición manifestó su apoyo al combate al lavado de dinero, pero advirtió que la reforma puede generar vigilancia excesiva. Criticaron la definición amplia de “Persona Políticamente Expuesta”, que podría llevar a sospechas sin fundamento. También cuestionaron la participación de la Guardia Nacional en investigaciones, señalando que podría militarizarse el combate a este delito.
Morena defendió que la reforma es una norma preventiva y administrativa, no penal. Aclararon que no crea nuevas facultades para investigar o perseguir delitos. El senador Javier Corral destacó que la ley busca proteger el sistema financiero mediante medidas de control y colaboración entre dependencias.
El artículo 6 formaliza la cooperación entre Hacienda, Seguridad y la Guardia Nacional para prevenir el lavado de dinero, sin trasladar facultades penales a estas instituciones. El senador Oscar Cantón señaló que identificar a personas con influencia pública es clave para evitar redes de encubrimiento vinculadas a la delincuencia organizada.
Con estas reformas, el Senado avanza en la prevención del lavado de dinero, aunque el debate sobre límites y derechos ciudadanos continúa. La Cámara de Diputados analizará ahora la propuesta para definir su futuro.
¿Hasta qué punto estas medidas pueden equilibrar la prevención del delito con la protección de las libertades individuales?
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