Redacción: Astrid Sánchez
Abogadas, periodistas y familiares víctimas de la fabricación de culpables del Caso Wallace alzaron la voz en conferencia de prensa para exigir el fin de la impunidad y la liberación de los inocentes encarcelados.
El día 23 de abril a las 12:00 horas se llevó a cabo una conferencia de prensa titulada la injusticia del silencio y se convirtió en un espacio fundamental para dar voz a las víctimas de uno de los montajes más indignantes de nuestro país, recordando cómo este oscuro capítulo inició en julio de 2005 con la supuesta desaparición de Hugo Alberto para transformarse en un engaño impulsado por el dinero que contrasta dolorosamente con la realidad de miles de madres buscadoras genuinas que son ignoradas por las mismas autoridades que le entregaron todo el poder a una sola mujer.

El nivel de impunidad fue tan alarmante que Isabel Miranda logró concentrar un poder desmedido llegando a influir directamente en las más altas esferas del gobierno para orquestar la fabricación de culpables mediante tortura, destacando el caso de Juana Hilda quien fue brutalmente golpeada para firmar una declaración falsa que recientemente fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual permitió su liberación en junio del 2025 y demostró que nunca existieron pruebas reales para sostener las absurdas acusaciones que mantuvieron esta farsa.
En la conferencia destacó la presencia de Brenda Quevedo mediante videollamada desde su casa donde cumple arresto domiciliario, resaltando que su participación fue puramente visual debido a que las leyes le prohíben estrictamente hablar ante los medios, un hecho que evidencia la vulnerabilidad de quien ha pasado años privada de su libertad esperando una sentencia en un proceso que la fiscalía se niega a concluir.
A pesar de este fallo la fiscalía mantiene una postura necia y busca obtener sentencias condenatorias manteniendo el caso atascado, obligando a víctimas como Jacobo Tagle y Brenda Quevedo a enfrentar una privación de la libertad que suma casi 18 años, resaltando el testimonio de la señora Enriqueta quien denunció que su hija Brenda lleva 2 años en prisión domiciliaria sin poder salir para recibir atención ginecológica o médica en general, poniendo en riesgo su integridad física tras sufrir terribles cateos.
Esta cadena de abusos se extiende hacia otros inocentes como los hermanos Albert y Tony Castillo que continúan tras las rejas pagando por un crimen inexistente, enfrentando condiciones deplorables donde se les niega la salud a pesar de que Tony padece problemas severos en la rodilla y alergias que son ignoradas por las autoridades, situación denunciada por su tío al explicar que la familia está dispuesta a cubrir los especialistas pero el sistema les niega el acceso prolongando su injusto castigo.
Durante el encuentro diversas voces como Avril Ayala, Ricardo Raphael, Ambar Treviño y Anne Vigná expusieron que la resolución del conflicto no sucederá por la vía legal, sino que requerirá de voluntad política para desmontar esta infamia, evidenciando que el juez encargado se niega a cerrar el proceso de instrucción 19 años después para proteger la red de mentiras que arruinó la vida de personas ajenas al asunto original y que solo sirvieron para hacer realista este encubrimiento.
Los participantes concluyeron que resulta imperativo alzar la voz colectivamente para que esta tragedia no quede como una noticia pasajera, exigiendo que las autoridades asuman su responsabilidad para detener la constante violación a los derechos humanos, recordando que la justicia solo llegará cuando el estado libere a los inocentes y reconozca la deuda incalculable con las familias a las que les arrebató la paz por culpa de la corrupción y el evidente tráfico de influencias.

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