Redacción: Fer Valdep
La Asamblea Legislativa de Transición (ALT) de Burkina Faso ha aprobado por unanimidad una ley que penaliza la homosexualidad con penas de prisión y multas. Con 71 votos a favor, esta legislación es resultado de una enmienda al Código de la Familia y las Personas, impulsada por la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de 2022. Edasso Rodrigue Bayala, ministro de Justicia, calificó la homosexualidad como un “comportamiento bizarro” y declaró que quienes tengan “prácticas asimiladas” serán denunciados y procesados conforme a la nueva ley.
Con esta reforma, Burkina Faso se suma a la lista de 33 países que persiguen legalmente la homosexualidad. La norma contempla castigos que incluyen años de cárcel y sanciones económicas, además de disposiciones que afectan a quienes “promuevan” prácticas homosexuales. La medida representa un giro legal importante en un país donde hasta ahora no existía una norma penal específica contra relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo.
El gobierno justificó la iniciativa apelando a la defensa de “valores tradicionales” y al deseo de proteger la familia. Para críticos y activistas, en cambio, la modificación legitima la estigmatización y expone a la población LGBTQI+ a una mayor violencia y discriminación, a pesar de que la norma parece penalizar la promoción pública y no la orientación sexual per se.
La aprobación del texto coloca a Burkina Faso en un mapa de contrastes en el continente africano: mientras Sudáfrica es el único país que reconoce el matrimonio igualitario y otorga otros derechos plenos a la comunidad LGBTQI+, naciones como Mauritania o Somalia mantienen marcos legales aún más represivos, con castigos que incluyen la pena de muerte.
Ante la nueva legislación, la reacción de los individuos y colectivos LGTB ha sido de alarma y búsqueda de estrategias de supervivencia. Muchos miembros de la comunidad expresan temor y optan por la invisibilidad, el repliegue al ámbito privado o incluso contemplan la posibilidad de abandonar el país. Asimismo, colectivos y activistas han denunciado que la ley aumenta la vulnerabilidad y reduce los espacios seguros para la comunidad.
“Los homosexuales seguiremos existiendo, pero ahora nos obligarán a permanecer en el ámbito privado. Nos escondemos, pero seguimos viviendo”, dijo un miembro del colectivo, en una expresión de resistencia ante la criminalización.
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