Redacción: Inés Arroyo
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para fortalecer la lucha contra la extorsión en todo el país. La propuesta, recibida por la Comisión Permanente, fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.
La iniciativa busca que el Congreso expida una ley general que unifique el tipo penal y las sanciones por extorsión en las 32 entidades federativas. Actualmente, la diversidad de penas dificulta una respuesta efectiva y homogénea al delito. Además, se pretende catalogar la extorsión como un delito de alto impacto, dada su gravedad y repercusiones sociales.
En el documento, se destaca que la extorsión no solo afecta la seguridad personal, sino también el patrimonio, la salud emocional y otros bienes colectivos. Este ilícito es utilizado como un método recurrente por la delincuencia organizada para obtener ingresos económicos significativos, afectando tanto a individuos como a empresas y cadenas económicas.
La delincuencia organizada ha ido más allá, amenazando a funcionarios públicos con el fin de coaccionar a las instituciones y facilitar otras conductas ilícitas mediante la extorsión.
Las cifras revelan un aumento preocupante en el delito: en 2018, se registraban en promedio 18.89 amenazas diarias por extorsión, mientras que en enero de 2025 ese promedio se elevó a 29.77, lo que representa un incremento del 57.62 por ciento en seis años.
Los estados con mayor incidencia son México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León, concentrando el 61.8 por ciento de las víctimas en 2024. Solo en enero de 2025, el Estado de México acumuló el 33.1 por ciento de los casos.
La iniciativa plantea que el Congreso cuente con 180 días desde la entrada en vigor de la reforma para emitir la ley secundaria correspondiente. Esta legislación fortalecerá la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y garantizará una mayor capacidad de respuesta para proteger a las víctimas y enfrentar eficazmente el delito en todo el país.
Con esta reforma, el gobierno federal busca dar un paso decisivo para hacer frente a la extorsión, un problema que afecta la vida cotidiana y la economía de millones de mexicanos.
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