Parece que poco a poco nuestro país se ha perdido entre las garras del crimen organizado. Una buena cantidad de muertes violentas en México están relacionadas al crimen organizado, así como el alto número de desapariciones con mayor incidencia en algunas entidades bien identificadas, pero no por eso descartable en el resto del país.
Todo esto, no puede explicarse como un fenómeno independiente a otros factores que han sucedido en nuestro país en los últimos quince años, como el consumo de algunas sustancias prohibidas que ha ido incrementándose fundamentalmente entre la población joven y por supuesto la infiltración del mundo de la droga con todas sus consecuencias en la vida cotidiana de algunos sectores de la sociedad.
En algunos círculos sociales se imagina a un “narco” como aquella persona del sexo masculino que vive en entidades fundamentalmente del norte del país, con sombrero y botas caras, lo cual es distante de la realidad que vivimos en diversos núcleos sociales del país. En el día a día de nuestras vidas, muy probablemente todas y todos hemos convivido sin saberlo en reuniones, en centros comerciales, en restaurantes, con personas que han hecho de la comercialización de estupefacientes y sustancias prohibidas su modo de vida, sin importarles la salud de la juventud por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos que lamentablemente se ha ido generalizando y que rompen con el estigma del sombrero y botas caras.
La generación que hoy ya está ocupando niveles de poder dentro de las organizaciones en México, ya convivió en los últimos 20 años con los entonces jóvenes que cursaban sus estudios en Colegios privados y hoy muy probablemente se dediquen a operar empresas en las cuales purifican los recursos provenientes del crimen organizado, lo cual tiene implicaciones muy complejas en el entramado del uso del dinero en nuestro país, dado que identificar su origen al entremezclarse recursos lícitos con ilícitos generan, un grado de dificultad importante para estar en condiciones de fincar ante las autoridades competentes, posibles responsabilidades derivadas de actividades ilícitas.
En algún momento de la historia de nuestro país, los grupos de la delincuencia organizada se multiplicaron, surgieron “cabecillas” en la mayoría de las ciudades y pueblos, muy probablemente fueron distribuyendo el negocio de la venta de la droga para consumo, el llamado narcomenudeo y diversificaron su conducta delictiva en cobro de piso, huachicol y levantones, entre otros delitos. El primer supuesto, el del narcomenudeo, es altamente preocupante por las consecuencias negativas en la salud de sectores de la población que han optado por el consumo y con ello la merma en su salud personal, con alta incidencia en padecimientos específicos que el Estado Mexicano no ha tenido capacidad para impulsar políticas públicas entre otros alcances, tendientes a la prevención, eso sin contar el gasto excesivo que representa la atención médica de padecimientos derivados del consumo en jóvenes o la degeneración de su salud en la vida adulta.
En este momento, tenemos varios problemas por resolver, porque se acercan los procesos electorales más complejos y grandes de la historia de este país y muchas personas que estarán en condiciones de aspirar a una candidatura, muy probablemente tendrán algún incentivo perverso por acceder a recursos en dinero o en especie para su campaña, votos o inclusive al formar parte de grupos delictivos organizados, decidir incorporarse a la política y todo esto en su conjunto representa factores de alto riesgo para nuestro país.
Desde el poder no se debe tolerar en ninguna circunstancia la presencia y operación de grupos delictivos en México, sin embargo, es una realidad con la que vivimos y debemos saber reconocer, para estar en condiciones de establecer un conjunto de soluciones coordinadas y plausibles al tamaño del problema.
Por su parte, los grupos de la delincuencia organizada buscarán influir en las elecciones e incidir a favor de aquellas candidatas y candidatos que les garanticen impunidad.
Las candidatas y candidatos tendrán un discurso de aparente combate a los cárteles de la droga, porque hay dos alternativas, o combaten de frente a la delincuencia en todas sus expresiones y deciden proteger a la población o mantienen abrazos y no balazos como parte de una “política de seguridad” que, desde hace cinco años, está visto que no ha dado buenos resultados para combatir a la delincuencia.
Hoy día, los cárteles se asumen como dueños y señores de algunos territorios y comunidades, secuestran, matan, levantan, desfilan y todo con el conocimiento de las autoridades y su complacencia.
Le urge a la población una autoridad que sea capaz de comprometerse con un verdadero cambio en el quehacer público, en mi opinión, en primer lugar, hay que reconocer el problema como ya lo he mencionado. En segundo lugar, diseñar y establecer un conjunto de políticas públicas tendientes a prevenir y combatir el uso y consumo de estupefacientes y psicotrópicos bajo cualquier modalidad, se trate de fabricación, transportación, comercialización, consumo y cualquier otra modalidad. Mantenerse con omisión en este gran problema nacional, es una irresponsabilidad que ya marcó a nuestro país, pero no debemos permitir que siga sucediendo, en principio por la salud de la juventud mexicana, pero también y con especial énfasis, por ofrecer posibilidades de desarrollo personal, profesional, familiar y de grupo, a efecto de reconstruir el tejido social, ahora dañado.
En el terreno de las campañas políticas, un incentivo perverso para cualquier aspirante a ser candidata o candidato se encuentra en el dinero que necesita para moverse en un territorio determinado, sea distrital, municipal, estatal o nacional, porque en esta etapa, del conocimiento que tenga la sociedad de su persona, dependerá en buena medida la posibilidad de que un partido político le tome en consideración para impulsarle a una contienda interna tendiente a definir una candidatura, los partidos políticos revisarán quién o quiénes les pueden garantizar el triunfo en las urnas y una alta visibilidad se logra con mucho tiempo de por medio y por supuesto con dinero, dado que hay un equipo del aspirante y de quienes lleguen a ostentar una precandidatura, que diariamente tienen gastos operativos, logísticos y muchos aspectos que se consideran para avanzar en un posicionamiento serio ante la sociedad.
En una etapa previa a la precampaña, el dinero que ocupe una persona que aspire a posicionarse en el ánimo social, no necesariamente será fiscalizable por parte de la autoridad electoral, será motivo de revisión, inclusive de sus finanzas personales, cuando se incorpore al entorno electoral sea en una etapa de precampaña y por supuesto en la campaña constitucional.
En este momento de la vida nacional, el posible financiamiento de la delincuencia organizada en la vida política, constituye un riesgo muy alto de operación cotidiana, sin que las autoridades competentes tengan mecanismos efectivos de control respecto del origen del dinero o de los bienes aportados, porque si no se acepta y reconoce el fenómeno delincuencial en su tamaño y proporción, mucho menos se aceptará una posibilidad de financiamiento ilegal. Así las cosas, “el pueblo” puede decidir contratar anuncios espectaculares, pintar bardas, colgar lonas o cualquier tipo de publicidad en una llamada autogestión en favor de quien aspire tener una precandidatura o candidatura y si la autoridad electoral en muchos casos no ha sido capaz de identificar el origen de los recursos aportados para ese fin, sea en México o inclusive en el extranjero, entonces una conclusión posible aunque equivocada, será que “el pueblo” deja de comer para ofrecer un tributo muy homologado en imagen a lo largo y ancho de todo el país.
No quiero pensar que, en esta etapa de la vida política de nuestro país, haya tributos que se ofrezcan a cambio de recibir abrazos e impunidad.
Antonio Horacio Gamboa Chabbán
Director General de Evidens, SC
Presidente del Colegio de Abogados de América Latina COTAL, AC
Consultor financiero en el Instituto de Política y Gobernanza, AC
Articulista en la Agencia Norteamericana de Comunicación & Publicidad
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