Redacción Marlone Serrano
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las actas de nacimiento ya no incluirán datos de estado civil como matrimonio o divorcio, con el objetivo de proteger la privacidad y evitar discriminación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente en materia de derechos humanos al determinar que las copias certificadas de actas de nacimiento ya no deberán incluir información relacionada con el estado civil de las personas, como matrimonio o divorcio.
La resolución, derivada de un caso en el estado de Jalisco, establece que estos datos no son necesarios para acreditar la identidad y, por el contrario, su inclusión puede vulnerar derechos fundamentales como la privacidad, la protección de datos personales y la no discriminación.
El fallo se originó tras el Amparo en Revisión 468/2024, luego de que una persona solicitara eliminar las anotaciones de su matrimonio y posterior divorcio en su acta de nacimiento. Tras la negativa del Registro Civil, el caso llegó a la Primera Sala de la Corte, que concluyó que mantener visible esta información resulta innecesario y potencialmente perjudicial.
Como parte de la resolución, el máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos 36 y 100 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, al considerar que no garantizan la protección adecuada de los datos personales. Esta decisión tiene efectos generales, por lo que no se limita al caso particular.
A partir de este criterio, las autoridades deberán expedir actas de nacimiento sin referencias al estado civil, eliminando anotaciones de matrimonio, divorcio o cualquier nota marginal vinculada a la vida personal de los ciudadanos.
La Corte subrayó que la función principal de este documento es acreditar el nacimiento y la identidad de una persona, por lo que incluir información adicional puede derivar en actos de discriminación laboral, estigmatización social o uso indebido de datos personales.
Con esta decisión, el Poder Judicial refuerza el marco de protección de derechos en México y avanza hacia una mayor garantía de igualdad y respeto a la vida privada de las personas.
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