Redacción: Amairany Ramírez
La Fiscalía de la Ciudad de México imputa formalmente a las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobo por el fallecimiento de dos fotoperiodistas durante el festival AXE Ceremonia 2025, tras nueve meses de denuncias por irregularidades procesales.
Nueve meses después de la tragedia ocurrida en el festival AXE Ceremonia 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) ha formalizado la imputación contra la promotora de espectáculos Ocesa y la compañía Seguridad Privada Lobo. Esta medida legal se relaciona con el incidente donde perdieron la vida los comunicadores visuales Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández.
El suceso tuvo lugar el 5 de abril de 2025 en las instalaciones del Parque Bicentenario, ubicado en la capital del país. Durante la jornada del evento, una estructura metálica perteneciente a la escenografía colapsó debido a fuertes ráfagas de viento, impactando directamente a los dos fotoperiodistas que se encontraban realizando la cobertura informativa para un medio de comunicación independiente. Según los reportes, ambos profesionales fallecieron de manera instantánea.
A pesar de la magnitud del accidente, el festival no se detuvo de inmediato, sino que la programación continuó por varias horas hasta que una orden oficial obligó a la suspensión total y al resguardo del sitio para las investigaciones correspondientes.
La resolución de la fiscalía, emitida formalmente el 14 de enero de 2026 por el ministerio público Mercedes Karina Granados Peralta, vincula a las empresas mencionadas por el presunto delito de homicidio culposo. Esta decisión se fundamenta en la presunta responsabilidad de las compañías en la supervisión, manejo e instalación de la infraestructura del evento.
Con esta nueva determinación, el número de entidades señaladas asciende a cinco empresas y ocho personas físicas que deben rendir cuentas ante la justicia por las deficiencias en la seguridad del espectáculo. La incorporación de estas compañías al expediente penal fue posible tras la intervención de tres jueces distintos que evaluaron la pertinencia de incluirlas en el proceso.
A pesar del avance legal, los familiares de las víctimas han manifestado una profunda insatisfacción con el desarrollo del caso. Luis Raúl Giles, padre de la fotógrafa fallecida, describió el proceso como un “infierno ministerial”, acusando a las autoridades de ejercer una “violencia institucional” y de intentar proteger a las empresas involucradas.
La familia sostiene que, durante más de nueve meses, enfrentaron diversas trabas y omisiones que obstaculizaron el avance de la justicia. Según sus declaraciones, se presentaron más de 30 elementos de prueba contundentes, pero existió una resistencia inicial para reconocer la calidad de imputadas a las compañías organizadoras. Asimismo, denunciaron maniobras legales que buscaban suspender definitivamente la investigación y demeritar los logros alcanzados por la defensa de las víctimas.
Este caso ha reavivado el debate nacional sobre los protocolos de seguridad en festivales multitudinarios y la responsabilidad civil de las promotoras. Investigaciones adicionales han señalado irregularidades críticas, como la presunta ausencia del responsable de Protección Civil durante el desarrollo del festival en la alcaldía Miguel Hidalgo.
La resolución judicial no solo busca sancionar a los responsables directos, sino también establecer un precedente sobre el derecho de los trabajadores de la prensa a ejercer su labor en entornos seguros y la obligación de las empresas de evaluar rigurosamente los riesgos meteorológicos en estructuras temporales al aire libre.
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