Redacción: Inés Arroyo
Ante el crecimiento y la diversificación de los métodos de extorsión en el país, el Gobierno de México ha lanzado una Estrategia Nacional contra la Extorsión, que tiene como eje central la implementación del número 089-089 como canal exclusivo para recibir denuncias anónimas a nivel nacional.
Esta nueva política fue presentada por Luisa Alcalde, presidenta del Consejo Nacional de Morena, quien explicó a detalle los alcances de la estrategia, destacando que se trata de una acción coordinada que busca frenar uno de los delitos que más afectan a las familias mexicanas. “La extorsión no solo lastima el bolsillo, también el ánimo colectivo. Este plan es un mensaje claro: no están solos”, puntualizó.
El mecanismo garantiza la protección de la identidad de las víctimas, además de asegurar una respuesta inmediata y especializada. Las denuncias hechas al 089-089 generan automáticamente una carpeta de investigación, lo que permite que las autoridades actúen con rapidez y sin necesidad de que la víctima se exponga.
El protocolo contempla una atención diferenciada según el tipo de extorsión. En el caso de extorsión telefónica, el operador capacitado proporciona recomendaciones para evitar daños, registra la denuncia en el sistema y se procede al bloqueo de la línea celular desde la que se originó la llamada. Cuando la extorsión es presencial, el caso es canalizado directamente a la Unidad Especializada Contra Secuestro y Extorsión, para su seguimiento inmediato.
La estrategia también contempla una coordinación interinstitucional, con especial participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que se encarga de identificar y congelar cuentas bancarias utilizadas como receptoras de pagos derivados de actos de extorsión. Además, las autoridades solicitan órdenes judiciales para bloquear líneas telefónicas y dispositivos móviles relacionados con llamadas extorsivas.
En el ámbito legislativo, se ha propuesto una reforma al artículo 73 de la Constitución, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra la Extorsión. Esta modificación busca que este delito se considere de oficio, lo que obligaría a las autoridades a investigarlo y sancionarlo aun sin denuncia formal, como ya ocurre con el secuestro.
Con esta estrategia, Morena y el gobierno federal no solo buscan cerrar el cerco a los extorsionadores, sino también recuperar la confianza ciudadana, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado ante uno de los crímenes que más daño psicológico y económico causa en el país.
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