CULTURA IMPAR
José Manuel Rueda Smithers
El debate sobre las reformas al Poder Judicial en México ha intensificado la polarización política, generando una confrontación directa entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, si analizamos la historia constitucional del país, este tipo de tensiones entre poderes no es nuevo.
Contexto actual
El enfrentamiento bajo la presidencia del señor López y el Poder Judicial, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha generado una narrativa sobre la intención de “destruir” a este último. Las críticas del Ejecutivo a la Corte, acusándola de actuar en contra de la “voluntad del pueblo” y las reformas propuestas que afectarían su estructura y autonomía, han profundizado la polarización.
Sin embargo, es importante señalar que estas tensiones no son únicas en la historia constitucional mexicana, aunque el contexto político actual, con un ambiente altamente polarizado, exacerbado por las redes sociales y el ciclo mediático, hace que se perciba de una manera más intensa.
Es probable que parte de la sociedad tenga una memoria corta respecto a los conflictos históricos entre los poderes del Estado. Las generaciones jóvenes crecieron en un México con una separación de poderes más funcional. Pero, al observar el panorama completo, se puede argumentar que este tipo de tensiones ha sido recurrente, aunque con diferentes protagonistas y circunstancias.
La percepción actual es que los poderes del Estado están en una lucha sin precedentes, la historia muestra que estas tensiones han sido cíclicas. Lo que hace al contexto actual más preocupante es la profunda polarización social que acompaña el debate.
La independencia del Poder Judicial está bajo una creciente presión también por las críticas directas del Ejecutivo a la SCJN. Si esta independencia se ve comprometida, la imparcialidad y eficacia de la impartición de justicia estarán en riesgo. Sin embargo, existen algunos mecanismos que, en teoría, deberían garantizar su protección:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece explícitamente la independencia del Poder Judicial, garantizando que los jueces y magistrados actúen sin interferencias externas. El artículo 94 señala que los jueces deben ser imparciales y no estar sujetos a órdenes ni directrices de otros poderes.
El Poder Judicial tiene autonomía financiera, maneja su propio presupuesto sin depender directamente del Ejecutivo. Aunque este mecanismo está diseñado para proteger su independencia, la asignación de recursos es aprobada por el Congreso, que puede ser un punto de vulnerabilidad con la presión política.
La carrera judicial en México es otro elemento que busca garantizar la imparcialidad y profesionalización de los jueces. En principio, los nombramientos y ascensos dentro del sistema judicial están basados en mérito y no en decisiones políticas. Sin embargo, en la práctica, la presión externa o las reformas que afecten los nombramientos pueden debilitar este pilar.
Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y nacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ejercen vigilancia sobre la independencia judicial y el estado de derecho en México. Estas instituciones pueden presionar para que las reformas al Poder Judicial respeten los principios democráticos.
La participación activa de la sociedad civil es crucial para monitorear cualquier amenaza a la independencia judicial. Organizaciones no gubernamentales (ONGs) y colectivos de abogados han denunciado abiertamente los intentos de socavar la autonomía del Poder Judicial y han promovido acciones legales para defenderla. El poder de la sociedad civil es una garantía importante en la defensa del estado de derecho.
Riesgo en la imparcialidad
Si la independencia judicial se ve comprometida, la imparcialidad de los jueces puede verse influenciada por intereses políticos, lo que pondría en duda la capacidad del Poder Judicial para actuar como contrapeso de los otros poderes. En este escenario, el riesgo de injusticias y falta de protección de los derechos ciudadanos aumentaría considerablemente.
Luego entonces, hay mecanismos institucionales diseñados para garantizar la independencia judicial, que están siendo puestos a prueba. La fortaleza de estas garantías dependerá de la capacidad del propio Poder Judicial, de la sociedad civil y de los organismos internacionales para defender su autonomía frente a posibles intentos de injerencia política.
La siguiente Cultura Impar pondrá bajo la lupa algunas afirmaciones -incluso hechas por personajes afines a la 4t- que ponen en tela de juicio los beneficios de la Reforma Judicial. La balanza dirá si es mediático o no el asunto.
El Ejecutivo juega con fuego, y no le importan las consecuencias. Tiene sus propios datos.
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