Por: Inés Arroyo
Los trabajadores de la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México están furiosos tras la aplicación de descuentos masivos en sus salarios por parte de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica. Esta medida ha desencadenado una serie de quejas y demandas que, hasta ahora, no han sido atendidas.
Desde la quincena del 1 al 15 de julio de 2024, se han aplicado deducciones arbitrarias que afectan derechos fundamentales, como licencias médicas y vacaciones, sin considerar que estos son derechos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. La falta de comunicación entre el titular de la Dirección Ejecutiva y las áreas administrativas internas, en particular la Jefatura de Unidad Administrativa y de Control, ha sido señalada como una de las principales causas de este caos.
¿Qué está haciendo el Mtro. Néstor V.S. para solucionar esta problemática creciente? A pesar de su reciente llegada al cargo, el Mtro. Néstor parece no estar abordando adecuadamente la crisis, y las dudas sobre su capacidad de gestión se multiplican.
El Lic. Victorio R.M.R., consejero del Mtro. Néstor, tampoco ha dado respuestas claras a las demandas de los trabajadores, agravando la situación. Los empleados se preguntan: ¿Quién está autorizando estos descuentos masivos? ¿La persona encargada está realmente capacitada para el cargo? La falta de respuestas y soluciones está generando una creciente frustración entre los afectados.
A pesar de las numerosas quejas, los trabajadores han sido forzados a firmar documentos emitidos por el área de Subdirección de Cultura y Legalidad para solicitar el reembolso de los descuentos. Este proceso ha sido percibido como una evasión de responsabilidad, obligando a los empleados a reclamar personalmente su dinero; de lo contrario, tendrán que recurrir a demandas legales.
Además, se ha advertido que la medida podría extenderse a la segunda quincena de julio de 2024, afectando incluso a aquellos que aún no han sido impactados. Esta incertidumbre ha aumentado el malestar entre los trabajadores, que temen ser objeto de deducciones recurrentes, sin importar sus justificaciones.
La comunidad laboral de los juzgados cívicos se encuentra en estado de alarma, sin respuestas claras ni soluciones a la vista. La pregunta que resuena es: ¿Qué está haciendo el director para resolver este conflicto? La situación es preocupante y se espera que las autoridades tomen medidas inmediatas para garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores.
Esperamos que la Secretaría de la Contraloría General intervenga para atender y resolver las peticiones de los empleados. La información oficial y las actualizaciones sobre esta crisis deben consultarse en las fuentes gubernamentales correspondientes.
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