Redacción Marlone Serrano
El anuncio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre una inversión superior a 29 mil millones de pesos en infraestructura hídrica para Jalisco ha generado un debate político que trasciende las fronteras estatales. La pregunta que surge es inevitable: ¿qué ocurre con la Ciudad de México, donde los problemas de abastecimiento y saneamiento son igualmente urgentes?
El director del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, Gustavo Figueroa Cuevas, subrayó que tan solo en 2025 se destinaron 609 millones de pesos al saneamiento del río Santiago, beneficiando a más de 400 mil habitantes. La cifra contrasta con las críticas de legisladores que aseguran que no existe inversión federal en la entidad.
En el plano político, la inversión en Jalisco se convierte en un referente para evaluar la gestión hídrica en la capital. La Ciudad de México enfrenta retos similares: descargas clandestinas, plantas de tratamiento insuficientes y la necesidad de garantizar agua limpia para millones de habitantes. La política hídrica, tanto en Jalisco como en la Ciudad, se convierte en un tema de gobernanza y transparencia.
La comparación no solo es técnica, sino política: mientras en Jalisco se presume inversión histórica, en CDMX la ciudadanía exige claridad sobre los proyectos que aseguren seguridad hídrica. ¿Se están destinando recursos equivalentes para atender los ríos y cuerpos de agua de la capital? La respuesta a esta pregunta marcará la diferencia entre discursos y acciones concretas.
En este contexto, la política del agua se convierte en un tema de debate nacional. La inversión en Jalisco abre la puerta a cuestionar si la Ciudad de México recibe la misma atención y recursos para enfrentar sus propios desafíos. La transparencia en la asignación de recursos y la rendición de cuentas serán claves para garantizar que la política hídrica no se convierta en un tema de desigualdad entre estados.
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