Redacción Daniel Lee
Baja California. La denuncia penal promovida por el Partido Acción Nacional (PAN) contra la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla por la presunta comisión de delitos electorales, actos anticipados de campaña y difusión ilegal de propaganda política se ha convertido en uno de los principales obstáculos para sus aspiraciones de obtener la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California en 2027. De acreditarse dichas conductas, podrían constituir violaciones a la legislación electoral vigente.
La dirigencia estatal del PAN confirmó que el procedimiento legal sigue en marcha y que no retirará la denuncia presentada ante el Centro de Justicia de Mexicali. La presidenta del partido en la entidad, Lizbeth Mata Lozano, sostuvo que existen elementos suficientes para que las autoridades ministeriales y electorales investiguen el caso y determinen si hubo responsabilidades.
Según la dirigente panista, el expediente integra evidencia fotográfica y videográfica sobre la colocación de lonas, distribución de trípticos y otros materiales de promoción personalizada en distintos municipios del estado, acciones que, a juicio del partido, constituyen un posicionamiento electoral anticipado fuera de los tiempos establecidos por la ley.
Mientras el proceso legal avanza, las aspiraciones de Ramírez Padilla también enfrentan cuestionamientos por las alianzas políticas que mantiene al interior de Morena.
Diversas publicaciones locales la identifican como una de las figuras respaldadas por el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como por Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, quien actualmente es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) en una indagatoria relacionada con la difusión de grabaciones en las que presuntamente sostiene conversaciones con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Estos vínculos han sido objeto de críticas por parte de sectores de la oposición y de actores políticos en Baja California, quienes consideran que la eventual candidatura de Julieta Ramírez estaría respaldada por un grupo de poder que hoy enfrenta un escenario de creciente escrutinio público.
La cercanía entre la senadora con licencia y Adán Augusto López no es reciente. Durante el proceso interno de Morena para definir la candidatura presidencial de 2023, Ramírez Padilla manifestó públicamente su apoyo al entonces aspirante al señalar: “He decidido sumarme a apoyarlo para que sea él quien encabece los esfuerzos para continuar con la Cuarta Transformación… Adán se ha distinguido por ser un hombre que sabe resolver problemas, alguien cercano al presidente, leal y honesto”.
Hasta ahora, Julieta Ramírez Padilla no ha emitido un posicionamiento público sobre la ratificación de la denuncia penal ni respecto a los señalamientos derivados de sus alianzas políticas.
Con el inicio de la carrera rumbo a la sucesión gubernamental de 2027, el caso comienza a perfilarse como uno de los primeros frentes de confrontación política en Baja California, donde las investigaciones, las denuncias y las disputas internas podrían influir en la definición de las candidaturas y en el desarrollo del proceso electoral.
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