Redacción: Fer Valdep
El presidente Donald Trump presentó en un tribunal federal de Florida una demanda por difamación que exige 15 mil millones de dólares en daños contra The New York Times, la editorial Penguin Random House y cuatro periodistas del diario neoyorquino. La querella se centra en tres artículos publicados en 2024 y en el libro “Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success”, alegando que el medio y la editorial difundieron “información falsa y maliciosa” destinada a dañar su reputación y afectar sus posibilidades electorales.
La cifra reclamada —15 mil MDD— supera con creces la capitalización de mercado total de The New York Times Company, que ronda los 9 mil MDD según datos financieros públicos recientes.
Expertos en la Primera Enmienda y juristas consultados por la prensa han descrito la demanda como jurídicamente dudosa, señalándola como parte de una estrategia más amplia del presidente para presionar y amordazar la cobertura crítica.
Bajo la jurisprudencia estadounidense, las demandas por difamación interpuestas por figuras públicas requieren probar “malicia real” —es decir, que el demandado publicó información sabiendo que era falsa o actuó con temerario desprecio por la verdad—, una barrera legal alta que suele jugar en contra de los demandantes en casos políticos.
Para analistas de medios y libertad de prensa, la intención de la demanda no es solo económica, sino que busca intimidar a los grandes medios, forzar la autocensura y convertir la presión legal en una herramienta política para limitar la cobertura adversa. Además, varios comentaristas subrayan que el recurso forma parte de una serie de demandas y ataques legales que el presidente ha lanzado contra medios en su segundo mandato, con el objetivo de cambiar el cálculo profesional de las redacciones y amedrentar investigaciones futuras.
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