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Transportistas aplazan la megamarcha; el reclamo central sigue siendo la tarifa del transporte público en CDMX

Transportistas
Redacción: Fer Valdep 

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) decidió cancelar la megamarcha y el cierre de accesos a la Ciudad de México que estaban programados para el inicio del ciclo escolar 2025–2026, tras un acercamiento con autoridades capitalinas que abrió la puerta a nuevas negociaciones. La suspensión se dio, según los comunicados, para evitar afectaciones masivas a la movilidad de la ciudadanía en el regreso a clases.  

El motivo principal que los transportistas han puesto sobre la mesa es un aumento pendiente en la tarifa del transporte público concesionado; esa demanda es, en palabras de los propios agrupamientos, el tema de fondo que motivó la convocatoria a movilizaciones. El acuerdo temporal se concretó para permitir negociaciones que atiendan esas peticiones sin afectar el servicio ni a los usuarios.  

El diálogo entre la FAT y el gobierno capitalino incluyó a la Secretaría de Gobierno —encabezada por César Cravioto Romero— así como a funcionarios de la Secretaría de Finanzas (Administración y Finanzas) y de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI). Fue ese acercamiento institucional lo que permitió posponer las protestas mientras se busca una salida negociada.  

Entre las exigencias planteadas por la FAT figura, de forma central, la aprobación de un ajuste a la tarifa del transporte concesionado. La organización responsabiliza a la falta de actualización tarifaria de la precarización de condiciones para los concesionarios y exige acuerdos que permitan la operación ordenada del servicio. Las autoridades capitalinas señalaron que mantendrán el diálogo para alcanzar consensos y evitar nuevas afectaciones.  

El telón de fondo del conflicto es que, en buena parte del transporte concesionado de la capital, el pasaje no registra un cambio desde abril de 2017 pese al aumento en los costos operativos, circunstancia que los transportistas utilizan para fundamentar su reclamo de revisión tarifaria. Hasta que no haya un acuerdo definitivo, las negociaciones quedan abiertas y la posibilidad de futuras movilizaciones permanece como presión política del sector. 

 

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