Redacción: José Sahagún
La Ciudad de México lanzó una estrategia interinstitucional para combatir el creciente delito de despojo de viviendas, especialmente en colonias vulnerables. Se instaló un Gabinete Contra el Despojo, integrado por autoridades como la Fiscalía, Secretaría de Gobierno, Registro de la Propiedad y Derechos Humanos, con el fin de analizar cada caso y ofrecer respuesta inmediata. Además, se habilitó una línea de atención ciudadana especializada para denuncias.
Dentro de las acciones legales anunciadas, se propone reformar el Código Penal local para que la pena mínima sea de 6 a 11 años, mientras que en casos agravados o donde intervengan funcionarios, notarios o se simulen actos jurídicos, las penas podrán llegar hasta los 22 años, sin derecho a fianza.
A su vez, diputados locales han impulsado iniciativas para modificar los artículos 237 y 238 del Código Penal y el artículo 19 constitucional. Estas reformas permitirían que el despojo quedara sujeto a prisión preventiva oficiosa, especialmente en casos que afecten a mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad.
También se considera la restitución inmediata del inmueble para víctimas vulnerables: el Ministerio Público deberá solicitar al juez que ordene el retorno del bien desde el primer momento, evitando dilaciones judiciales de años.
El impulso de estas reformas responde al incremento de carpetas de investigación por despojo en CDMX, que aumentaron más del 200 % entre 2018 y 2023. Iztapalapa y Gustavo A. Madero lideran los municipios con más casos, seguidos por Cuauhtémoc y Tlalpan.
🔍 Acciones clave y beneficios esperados
- Establecimiento de un gabinete especializado que opera desde hace meses
- Promoción de una campaña de concientización para educar sobre prácticas fraudulentas
- Reformas al Código Penal con penas agravadas y sin derecho a fianza
- Prisión preventiva oficiosa como medida para proteger a víctimas vulnerables
- Restitución urgente de la vivienda en casos de despojo
Con estas medidas, la jefa de Gobierno busca reforzar la seguridad jurídica en materia de patrimonio y vivienda, generar confianza en el sistema legal y frenar la impunidad que ha permitido el incremento de despojos en los últimos años. La Ciudad de México se alinea así con una visión de justicia inmediata y protección efectiva.
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