Redactor: Daniel Lee
A pesar de los avances legales y la creciente visibilidad de la diversidad sexual en espacios públicos, la violencia contra las personas LGBTIQ+ en México sigue siendo una realidad cotidiana y brutal. Una reciente encuesta reveló que 1 de cada 3 mexicanos ha sido testigo directo de agresiones hacia personas de la comunidad LGBTIQ+.
No se trata de cifras lejanas ni de casos aislados: la discriminación y los ataques están presentes en calles, escuelas, lugares de trabajo y hasta dentro de los propios hogares.
El dato es contundente: el 85% de la población mexicana considera que la violencia contra las personas LGBTIQ+ sigue siendo un problema grave en el país. Esto refleja no solo la magnitud del fenómeno, sino la urgencia de adoptar políticas públicas efectivas que vayan más allá de la conmemoración del Orgullo en junio. La violencia no se suspende después de la marcha.
El problema no solo son las agresiones físicas o verbales que la gente presenció. Detrás de ellas existe una red de violencia estructural, institucional y cultural que permite que estas conductas permanezcan impunes.
Los crímenes de odio, las omisiones de las fiscalías, la falta de investigación con perspectiva de género y diversidad, así como la ausencia de políticas de protección integral para las personas LGBTIQ+, sostienen un ambiente de riesgo constante.
Las personas trans, especialmente las mujeres trans, siguen siendo las más vulnerables y asesinadas con mayor frecuencia. Pero no son las únicas: migrantes LGBTIQ+, jóvenes expulsados de sus familias, personas en situación de calle o reclusión, viven niveles alarmantes de violencia y exclusión.
La encuesta La encuesta en cuestión fue realizada por la firma Enkoll para EL PAÍS y W Radio, entrevistando a 1,003 adultos mexicanos entre el 13 y 16 de junio de 2025, con un margen de error de ±3.1 %
También desmonta la idea de que la discriminación hacia la diversidad sexual es “cosa del pasado” o que solo ocurre en zonas rurales. Al contrario, el 33% de los encuestados reconoce haber sido testigo de violencia, lo que refleja que estas agresiones suceden en espacios públicos, escuelas, redes sociales y hasta en servicios de salud.
El discurso de odio que crece en otros países, como Estados Unidos y sectores de Europa, está llegando con fuerza a sectores conservadores en México. Esto pone en riesgo no solo la seguridad física de las personas LGBTIQ+, sino también sus derechos, ante posibles regresiones institucionales o jurídicas impulsadas por grupos ultraconservadores.
Aunque México ha sido pionero en algunos avances, como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género en varias entidades, la implementación efectiva de estos derechos sigue siendo desigual. La protección real depende muchas veces del lugar donde se nace o del acceso que se tenga a recursos legales.
El desafío es enorme: el Estado debe garantizar seguridad, acceso a la justicia, educación inclusiva y campañas permanentes de erradicación del odio y la discriminación. Los esfuerzos no pueden quedar limitados a las fechas conmemorativas ni a discursos simbólicos.
En este contexto, la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ no es solo una celebración. Es, sobre todo, un acto político de resistencia ante la violencia que persiste y una demanda colectiva por una vida digna y sin miedo.
Mientras 1 de cada 3 mexicanos siga presenciando agresiones y mientras 85% del país reconozca que este sigue siendo un problema grave, el silencio no es una opción.
Visibilizar, denunciar, exigir y acompañar son acciones urgentes que no pueden esperar.
El orgullo debe ser todo el año. La justicia, también.
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