Miguel Tirado Rasso
Así que, mientras se constituye el nuevo Poder Judicial, al Poder Ejecutivo no habrá quien lo regule ni contenga su actuación, por más arbitraria e ilegal que sea, o abuso de poder en que incurra. Bueno, después, tampoco.
Sin el convencimiento, transparencia y limpieza que merecía la reforma constitucional de más impacto en la historia moderna de nuestro país, y hasta quizás deseado por quien promovió la anulación de los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial y la demolición de la SCJN, el gobierno que ya casi termina optó por conseguir su objetivo “haiga sido como haiga sido”.
Haciendo gala de usos y costumbres, tan criticados por el jefe del Ejecutivo, y en franca contradicción a su afirmación de no ser iguales a los gobiernos pasados y de no aplicar prácticas poco éticas, el líder de la bancada de Morena en el Senado dio cátedra de fórmulas dignas de Al Capone. Mediante presiones, amenazas y propuestas que no se pueden rechazar, “convencieron” a cuatro senadores de la oposición: dos del PRD, uno de MC y otro del PAN, a ceder sus votos para que Morena pudiera alcanzar la mayoría calificada, indispensable para aprobar la reforma constitucional y cumplirle al Ejecutivo, en tiempo récord y en mala forma.
Es paradójico que, en busca de acabar con la corrupción y alcanzar la justicia que, según dicen, no se logra con el sistema judicial actual, se haya acudido, precisamente, a prácticas ilegales, lejos de la justicia y muy cerca de la corrupción, como la compra de votos, el ofrecimiento de inmunidad o la desaparición de carpetas de investigación. Esto es, un carpetazo a las investigaciones por actos de corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos. El método funcionó. Morena obtuvo su reforma y los “convencidos” salvaron el pellejo, aunque quién sabe por cuánto tiempo.
A las violaciones cometidas en el proceso legislativo para la aprobación de esta reforma, que, por su trascendencia, obligaba al Congreso Federal a proceder con cuidado escrupuloso, análisis profundo y debate abierto, habrá que añadir las fallas en el procedimiento correspondiente en los congresos estatales. En su prisa por quedar bien con el jefe del Ejecutivo Federal, olvidaron lo elemental: conocer lo que estaban aprobando, enterarse, al menos, del contenido de la reforma.
Sin el menor recato, los legisladores locales de Morena en los estados controlados por gobiernos de su partido optaron por la rapidez, como si se tratara de una competencia de velocidad en la aprobación de la reforma. Según publica un diario de circulación nacional, los legisladores del partido en el poder impusieron cuatro marcas en las diferentes etapas del proceso legislativo para reformas constitucionales.
Primera: 17 congresos estatales, mayoría requerida para reformar la Constitución, otorgaron su respaldo a la reforma en únicamente 21 horas y 15 minutos. La segunda marca correspondió al congreso oaxaqueño, que en solo una hora y 57 minutos aprobó la reforma. El Senado la aprobó a las 3 horas y 50 minutos de la madrugada del miércoles 11, y para las 05:52 horas del mismo día, ya habían hecho lo propio los diputados oaxaqueños. Ni con el mejor método de lectura rápida podrían haberse enterado los legisladores de lo que trataba la reforma. Bueno, pero lo importante no era conocerla, sino cumplir las instrucciones de Palacio Nacional.
El tercer récord correspondió al tiempo transcurrido para la declaratoria de constitucionalidad de la reforma: 58 horas contadas a partir de la aprobación del Senado y su recorrido para el aval de la mayoría de legislaturas estatales. La cuarta y última marca: en escasos cuatro días, la reforma judicial fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Los vicios de procedimiento en la aprobación de esta reforma son evidentes, pero dadas las circunstancias, se pasarán por alto, aunque signifiquen violaciones a la ley, por aquello de “no me vengan con que la ley es la ley”.
Para colmo, y como ejemplo de lo que nos espera en materia de certidumbre jurídica con la nueva legislación a modo de la 4T: en franca violación a lo ordenado por un Tribunal Federal para que el Poder Ejecutivo no publicara la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, ésta se publicó, ignorando el ordenamiento judicial y sin respeto alguno a la autoridad que lo emitió.
El mensaje es claro: el Poder Judicial que conocemos está en vías de desaparecer. Mientras se emiten las leyes secundarias de la nueva legislación, el marco jurídico actual continúa vigente y es obligatorio; sin embargo, los poderes Ejecutivo y Legislativo no se ven muy dispuestos a acatar las resoluciones judiciales. En los hechos, parece que decidieron pausar el Estado de Derecho. Así que, mientras se constituye el nuevo Poder Judicial, al Poder Ejecutivo no habrá quien lo regule ni contenga su actuación, por más arbitraria e ilegal que sea o abuso de poder en que incurra. Bueno, después, tampoco.
Nos acercamos a un régimen absolutista, por la ausencia de contrapesos y el sojuzgamiento de los poderes Legislativo y Judicial a la voluntad de una poderosa Presidencia de la República. Y a esto dará marco legal la reforma judicial.
Septiembre 19 de 2024.
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