Por Ricardo Burgos Orozco
Cubrí como reportero durante seis años la “fuente” política. Todavía me tocó la Cámara de Diputados en el recinto de Allende y Donceles cuando el líder camaral era Luis M. Farías, de Nuevo León, en la LI Legislatura; en ese mismo periodo se mudaron al Palacio Legislativo. Ahora, el viejo edificio alberga a los legisladores del Congreso de la Ciudad de México.
Recuerdo aquellos tiempos en que a los diputados mexicanos los pintaban con sombrero y pistola al cinto. No era mentira. Varios legisladores que conocí tenían esa fama y algunos eran célebres por ejercer todo el poder en sus respectivas regiones. Antes, como ahora, continúa la “tradición” de designar a los representantes populares de acuerdo con la influencia que tienen, el dinero que poseen y por conveniencia del partido que los postula.
Ahora los partidos que tienen el poder son otros, pero, como dicen, casi todos aprendieron de su “alma mater”, que es el PRI. Lo bueno y lo malo. Hasta Andrés Manuel López Obrador fue priista alguna vez, así como muchos de los funcionarios de su gabinete y gobernadores.
En la actual LXVI Legislatura, no pocos políticos fueron elegidos por su partido con “mucha cola”, buscando cubrirse con fuero, y otros buscaron una curul o un escaño para continuar con sus privilegios y sus negocios, por “debajo y por encima del agua”.
Resultó inexplicable que el PAN pusiera en su lista como candidato a senador a Ricardo Anaya Cortés, excandidato a la presidencia de la República en 2018. Fue acusado de haberse beneficiado con supuestos pagos de la constructora Odebrecht entre 2013 y 2014, cuando era diputado. Por esa razón, estuvo oculto durante seis años, hasta que tomó posesión de su escaño el 1 de septiembre pasado, ya con fuero.
Los Yunes tienen una historia muy negra en Veracruz y, aun así, Miguel Ángel Yunes Linares negoció con el actual presidente del PAN, Marko Cortés, para lograr una senaduría para su hijo, y él se quedó con la suplencia. Un negocio redondo. Se afirma que ambos se comprometieron con el gobierno de Morena para que se limpiara su expediente criminal y dieran el voto necesario para aprobar la controvertida Reforma Judicial en la Cámara Alta el 11 de septiembre pasado.
Días antes, ya se habían puesto la camiseta de Morena —sorpresivamente— los senadores del PRD, Sabino Herrera, de Tabasco, y Araceli Saucedo, de Michoacán. Durante su campaña, se pronunciaron abiertamente contra el “chapulineo” y afirmaban que era una medida muy reprobable que ellos jamás harían.
Marko Cortés, ahora senador, se hizo tristemente célebre cuando él mismo hizo público que no se estaban cumpliendo los acuerdos que había establecido con el gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez, previos a su elección. En sí, el dirigente panista reclamaba la parte del pastel que le correspondía a su partido y que el mandatario estatal no estaba cumpliendo.
Alejandro Moreno “Alito” se ha adueñado del PRI. Se colocó en el primer lugar de la lista de plurinominales para el Senado; por supuesto, ahora ya tiene su escaño, se reeligió como presidente de su partido, contra las propias normas internas, y ha provocado una tormenta que puede determinar el exterminio de esa organización en los próximos años. Tal vez más pronto de lo que se piensa.
Ricardo Monreal Ávila, líder de los diputados de Morena, y Adán Augusto López Hernández, dirigente de ese partido en el Senado, también tienen un historial muy oscuro en Zacatecas y Tabasco, respectivamente, pero son muy útiles para el gobierno de López Obrador y, a partir del 1 de octubre, para la administración de Claudia Sheinbaum. Los dos son incondicionales que cumplen órdenes al precio que sea, y lo constatamos en la aprobación de la Reforma Judicial.
Unos cuantos nombres bastan para confirmar que el Congreso de la Unión no es tan honorable como debiera ser. ¿O sí?
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