Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Lo grave no es tanto la catarata
de desaprobación de las reformas,
sino los oídos sordos a las advertencias.
Con todo y que el ambiente político ha sido favorable para los propósitos del gobierno de la 4T, en la recta final y a menos de cinco semanas de que concluya el mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador, han surgido nubarrones que enturbian el final de su gobierno. Algo parecido, aunque más delicado, a lo ocurrido en el cierre de las presidencias de Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari.
Con el ánimo de no dejar pendientes y menos cimientos poco sólidos que no garantizaran el soporte del anhelado segundo piso de su Cuarta Transformación, el inquilino de Palacio decidió acelerar los trámites legislativos para la aprobación de sus reformas a la Constitución, aunque esto suceda al cuarto para las doce y, sin importar, las repercusiones que puedan tener en el gobierno de su sucesora.
Polémicas de por sí, la reforma judicial y las que eliminan a los organismos autónomos, han seguido el ritmo y estilo de trabajo característico del grupo parlamentario morenista, con foros de consulta simulada, porque no hay argumento que valga ante la cerrazón y falta de voluntad para revisar o modificar las iniciativas.
En estas circunstancias y, ante la muy probable aprobación de estas reformas se han generado llamados de alerta de organizaciones civiles y gubernamentales, nacionales y extranjeras, preocupadas por sus efectos en la eliminación de contrapesos al Poder Ejecutivo, la abolición de la independencia y de la autonomía del Poder Judicial, el desmantelamiento del sistema Judicial y la demolición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La reforma al Poder Judicial fue objeto de un comentario, ciertamente poco diplomático, de quien, por mucho tiempo, fue casi un admirador de la 4T, el embajador de los EU, Ken Salazar. Este funcionario habría declarado que la reforma judicial constituía un riesgo para la democracia de México, en particular la elección de jueces y magistrados en forma directa, además de una amenaza a la histórica relación comercial entre los dos países.
Por su parte, el embajador de Canadá, Graeme Clark, calentaría más el ambiente al afirmar que entre los inversionistas de su país había preocupación por la iniciativa de reforma judicial.
En Palacio Nacional los comentarios de estos embajadores cayeron como balde de agua helada. El presidente López Obrador después de calificar de imprudente y desafortunada la crítica del embajador norteamericano, señalaría que había enviado una nota diplomática a la embajada por esta “injerencia inaceptable.” Además, de declarar “pausada” la relación con las dos embajadas, hasta que expresen su respeto a la soberanía del país.
Del paquete de reformas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ya, el dictamen para la eliminación de siete organismos autónomos. Al argumento presidencial de que no servían para nada y resultaban muy onerosos, los legisladores morenistas agregaron, en su condena, que esos organismos se caracterizaron por desmantelar las funciones del Estado al subordinarse a intereses privados. La realidad es que su autonomía resultaba incómoda al gobierno de la 4T, en donde no se conciben instituciones fuera del control del Ejecutivo.
Tras el dictamen, quedaron en la picota para su desaparición el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Las funciones de estos organismos, se ha dicho, serán transferidas a secretarías y dependencias federales, con lo que se pierde su objetivo original que era, precisamente, sacarlos de la competencia del gobierno, para que, como órganos autónomos especializados en temas específicos, actuaran, de manera independiente e imparcial, lejos de la influencia del Ejecutivo. Ahora el gobierno vuelve a ser juez y parte, a costa de la transparencia.
En el atrabancado paso para adelantar trámites y dejar listos los dictámenes para que la próxima Legislatura apruebe al vapor las reformas constitucionales, en los primeros días de septiembre, han llovido críticas, recomendaciones, análisis y estudios en contra de estas reformas. Poco receptivo a las críticas, el inquilino de Palacio reacciona molesto y, a su vez, descalifica a quien se meta con sus reformas. Ya se tensó la relación con los gobiernos de EU y Canadá, con los que tenemos una sociedad comercial determinante para el país. Otras naciones han cuestionado las reformas, la ONU, actores económicos y financieros internacionales, agencias calificadoras, cámaras empresariales de EU y Canadá, entre otras muchas a nivel internacional.
Lo grave no es tanto la catarata de desaprobación de las reformas, sino los oídos sordos a las advertencias. Para el nuevo gobierno, el inicio será turbulento, por el malestar local e internacional de la imposición de unas reformas constitucionales destructivas, aprobadas a viento y marea. Con un estado de Derecho tambaleante, que no da confianza ni certidumbre jurídica, porque el Poder Judicial, sentenciado a muerte, tendrá que plegarse a los caprichos del Ejecutivo.
Agosto 29 de 2024
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