Redacción Marlone Serrano
Un juez federal estableció un ultimátum de tres días para la Fiscalía General de la República (FGR), exigiendo claridad sobre la decisión de no ejercer acción penal contra individuos implicados en la presunta tortura de Mario Aburto Martínez, el confeso asesino del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. La solicitud judicial demanda que la FGR proporcione las pruebas documentales que respalden su resolución, especialmente en lo que respecta a figuras políticas de alto perfil como el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, quienes fueron mencionados por Aburto.
La petición del juzgado responde a un reciente escrito presentado por la defensa de Aburto Martínez, quien actualmente cumple condena en un penal federal de Guanajuato. Dicho documento cuestiona la conclusión de la FGR de no seguir con procesos legales contra los acusados por actos de tortura. La controversia surge en medio de un clima de escepticismo público hacia las decisiones de la FGR, particularmente con el acercamiento del 30° aniversario del encarcelamiento de Aburto por el magnicidio de Colosio.
La FGR, bajo la dirección de Alejandro Gertz Manero, había previamente anunciado su decisión de abstenerse de acciones legales en contra de cualquier exfuncionario, basándose en la falta de pruebas concluyentes de tortura, después de un análisis exhaustivo de la averiguación previa 2080/94. Este dictamen ha generado un debate sobre la transparencia y la justicia en casos de alto perfil, poniendo en el punto de mira el manejo de investigaciones históricas y la protección de los derechos humanos en el sistema judicial mexicano.
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