Redacción: MaJo Gutiérrez
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrió la noche del 1 de noviembre pese a contar con un esquema de seguridad de 14 elementos de la Guardia Nacional (GN).
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre durante un evento público, ha puesto en el foco la vulnerabilidad de las autoridades municipales ante el crimen organizado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el arma utilizada en el ataque, donde Manzo recibió siete disparos, está relacionada con grupos delictivos, pues ya había sido usada en dos enfrentamientos previos entre bandas criminales rivales de Tierra Caliente. El ataque ocurrió alrededor de las 8:10 pm al término del Festival de las Velas, en el centro de Uruapan, y aunque el edil falleció en el hospital, se informó que el regidor Víctor Hugo de la Cruz resultó herido, pero se encuentra fuera de peligro.
Durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, detalló que el alcalde Manzo contaba con un esquema de seguridad reforzado al momento del homicidio. Inicialmente se le habían asignado seis efectivos y un vehículo de la Guardia Nacional (GN) en diciembre, pero posteriormente, el equipo fue ampliado por instrucción del coordinador estatal de la GN en Michoacán, quedando bajo protección de catorce elementos de la Guardia Nacional más un grupo de seguridad municipal. A pesar de este despliegue, el presunto agresor logró abrir fuego contra el alcalde al término del evento antes de ser abatido por elementos de seguridad.
Especialistas consultados advierten que este crimen no es un hecho aislado, sino la “expresión de un problema estructural”: la profunda penetración del crimen organizado y la descomposición institucional en los municipios. Gerardo Rodríguez Sánchez (UDLAP) señaló que el caso “retrata la impunidad y los pactos político-criminales” que han debilitado a los gobiernos locales. Por su parte, Víctor Hernández explicó que el gobierno municipal es el “eslabón más débil” del ecosistema gubernamental, con policías pequeñas, mal financiadas y sin especialización, lo que hace “imposible” proteger eficazmente a sus autoridades.
El asesinato es interpretado por los expertos como un acto de intimidación que busca infundir terror en la población y los servidores públicos. Carlos Rodríguez Ulloa, especialista en seguridad, subraya que el homicidio de Manzo se enmarca en una cadena de agresiones donde los grupos criminales buscan someter o reemplazar al poder civil para ganar control territorial. En este contexto, el mensaje a los alcaldes es claro: “ni te pongas a comprar 30 vehículos blindados ni declares la guerra al narco, porque nadie va a venir a tu auxilio”, según Hernández. Ante este panorama, se exige la articulación urgente de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para atender las causas estructurales y detener esta ola de violencia contra las autoridades locales.
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