Redacción: ANCOP
El malestar laboral en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México (CEJUR) dejó de ser un rumor y se volvió protesta. Trabajadores de diversas áreas acusan sobrecarga laboral, vigilancia excesiva y falta de diálogo institucional bajo la gestión de Eréndira Cruz Villegas Fuentes.
Son los olvidados del Gobierno capitalino, trabajadores legales sin derechos. En la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México (CEJUR), el malestar laboral dejó de ser un rumor interno para convertirse en protesta visible.
A mediados de octubre, un grupo de trabajadores realizó una primera marcha para denunciar sobrecarga de trabajo, rotación constante de turnos y un ambiente de vigilancia excesiva dentro de las instalaciones.
“Fue la primera marcha, pero no será la última”, advirtieron los participantes, quienes señalan que la tensión laboral se ha intensificado durante la actual gestión de la consejera Eréndira Cruz Villegas Fuentes.
Desde las áreas de Defensoría Pública, Justicia Cívica, Notarías y Registro Civil, empleados aseguran que los problemas se acumulan sin respuesta. “Estamos bajo cámaras todo el tiempo, no solo por seguridad, sino para vigilar quién se mueve, quién habla o quién protesta”, afirma uno de los trabajadores inconformes.
“Revisan listas, cruzan horarios y todo el ambiente se siente como si trabajáramos bajo sospecha”. Algunos señalan que las grabaciones han sido utilizadas para intimidar a personal que participa en conversaciones críticas hacia la administración.
Fuentes internas señalan también un deterioro en la comunicación entre mandos medios y la oficina central, encabezada por Eréndira Cruzvillegas, quien asumió el cargo en marzo pasado tras la salida de Nestor Vargas Solano.
Desde entonces, los trabajadores describen un modelo de gestión “cerrado, sin diálogo y con medidas de control cada vez más rígidas”, que se traducen en un ambiente hostil. A ello se suma la falta de respuesta por parte de la Dirección General de Asuntos Laborales y de la Subdirección de Recursos Humanos, que han evitado atender las peticiones de reunión presentadas por personal de base y confianza.
Con anterioridad los afectados habían denunciado la falta de diálogo institucional que, aseguran, se mantiene desde la administración anterior, durante la cual de manera permanente se les estuvo amenazando con quitarles el empleo; “allá afuera hay muchos que quieren sus puestos, si lo quieren la puerta es muy grande”, afirmada la hoy presidenta de México.
La Dirección General de Administración Financiera emitió recientemente un comunicando interno en el que da una primera “respuesta” sobre su supuesta intención acerca de posibles incrementos salariales y mejoras administrativas, pero para los afectados esto no es más que una maniobra para disfrazar la falta de soluciones reales.
El descontento, que derivó en la primera marcha interna del organismo, se ha extendido a las áreas de Defensoría Pública, Notarías, Registro Civil y Justicia Cívica. “Nos dicen que habrá aumentos en 2026, pero eso no existe, no hay documento firmado ni presupuesto autorizado”, explica una trabajadora de base. “Mientras tanto, seguimos cobrando sueldos miserables, algunos de apenas ocho mil pesos al mes, sin compensaciones ni respeto a los horarios legales”.
Las y los trabajadores señalan directamente a la actual titular de la CJSL, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, por cierto, una funcionaria improvisada que mantiene un modelo de administración cerrado, sin interlocución con las bases, y responsabilizan también al secretario de Gobierno, César Cravioto por ignorar los llamados a establecer una mesa de trabajo que atienda la crisis laboral. “Hemos enviado oficios, correos y peticiones desde hace meses. Ni la Consejería ni la Secretaría de Gobierno nos reciben. Parece que lo único que esperan es que nos cansemos”, denuncian.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, tampoco ha respondido a las solicitudes presentadas desde agosto. Desde la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo, las promesas de regularización salarial y renovación de equipos quedaron archivadas. “Nada ha cambiado.
En contraste con los comunicados institucionales que hablan de incrementos y modernización tecnológica, dentro de la Consejería la realidad es otra: salarios congelados, equipos arrendados, descuentos irregulares del FONAC y jornadas extendidas sin pago adicional. El personal acusa que los “autogenerados” —como el cobro de constancias en juzgados— solo sirven para engrosar ingresos del gobierno, sin que un solo peso se destine a mejorar las condiciones del personal.
El documento interno firmado por el Consejo Incluyente de Justicia Cívica a la Vanguardia fue presentado como un avance, pero para muchos trabajadores representa una burla. “No necesitamos más minutas ni promesas para 2026, necesitamos salarios dignos hoy”, subrayan.
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