Redacción: Ximena Zarahi Moreno Luna
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó ante el Congreso capitalino cinco iniciativas de ley que buscan transformar la justicia, la seguridad y los derechos sociales en la Ciudad de México.
La Ciudad de México podría estar a las puertas de una transformación profunda en materia de justicia, seguridad y derechos sociales. En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó cinco iniciativas de ley ante el Congreso capitalino con el objetivo de reducir la incidencia delictiva, fortalecer la procuración de justicia y, sobre todo, garantizar un Sistema Público de Cuidados que haga justicia a miles de mujeres que cargan con las tareas domésticas y de atención no remuneradas.
“El objetivo de estas iniciativas es construir una Ciudad de México más segura, más justa y más igualitaria”, afirmó Brugada Molina. “Tienen que ver con cerrar vacíos legales, proteger a las víctimas y cuidar en la Ciudad de México”.
La propuesta más destacada es la Ley del Sistema Público de Cuidados, una de las primeras en su tipo en México. Esta ley busca consolidar a la CDMX como la primera entidad del país con una legislación integral en materia de cuidados, en cumplimiento del artículo 9 de la Constitución local y con base en los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ser cuidado, cuidar y el autocuidado.
Entre sus metas está la creación de un sistema con servicios universales y accesibles, la redistribución equitativa de las tareas de cuidado entre géneros e instituciones, y la asignación de un presupuesto progresivo que garantice cobertura universal para 2050.
La secretaria de Bienestar, Araceli Damián González, explicó que esta ley reconoce el cuidado como un derecho humano, no como una obligación femenina. Destacó que la iniciativa prioriza a niñas y niños menores de tres años, adultos mayores, personas con discapacidad y sectores vulnerables, además de la formación de una Junta de Gobierno que dirigirá las acciones del sistema, encabezada por la propia jefa de Gobierno.
En paralelo, la administración capitalina impulsa reformas al Código Penal y al Código Civil para fortalecer la protección a las víctimas de delitos y sancionar con mayor severidad los casos de violencia de género, despojo y amenazas. La consejera jurídica Eréndira Cruzvillegas Fuentes destacó que se busca penalizar la suplantación de identidad y el uso irregular de documentos notariales, protegiendo especialmente a mujeres, adultos mayores y comunidades indígenas.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, anunció la armonización de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana local con las reformas federales, fortaleciendo la coordinación policial, la profesionalización y el régimen disciplinario.
Finalmente, la fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde Luján, subrayó que las reformas incluirán penas más severas para las lesiones cometidas por razones de género o identidad sexual, visibilizando así un problema que suele escalar hasta convertirse en feminicidio.
“No vamos a esperar al feminicidio para actuar”, sentenció Brugada. “Hay distintos tipos de violencia que deben clasificarse y sancionarse antes de que sea demasiado tarde”.
Estas reformas no solo representan un avance legislativo, sino también un llamado a replantear la forma en que la justicia y el cuidado se entienden en la capital: como derechos, no privilegios.
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