Redacción: Inés Arroyo
En 2023, 32,852 adolescentes en México fueron imputados por presuntos delitos, lo que representa un aumento del 17.7% respecto al año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De estos menores, el 77.5% son hombres y el 22.5% mujeres.
Seis estados concentran la mitad de los casos: Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua. Los delitos más comunes son lesiones (24.8%), robo (15.2%), amenazas (9.4%), abuso sexual (9.0%) y narcomenudeo (8.4%), los cuales suman dos tercios de las investigaciones.
En total, se registraron 33,975 presuntos delitos, pues algunos adolescentes cometieron más de uno. De los menores imputados, sólo 3,785 recibieron sanciones efectivas. De ellos, 66.3% enfrentó medidas sin privación de libertad y 33.7% estuvo privado de su libertad preventivamente. Casi 90% de quienes ingresaron a centros de internamiento son hombres.
La tasa nacional de ingreso a estos centros fue de 16.6 por cada 100,000 adolescentes de 14 a 17 años. Aunque la mayoría contó con apoyo familiar durante su proceso legal, sólo la mitad tuvo acceso a asesoría legal.
Tras la pandemia de Covid-19, el aumento en la delincuencia juvenil ha sido notable, pese a programas sociales y culturales para prevenirla. Instituciones como Unicef y Unodc señalan que la prevención es clave y que es necesario atender factores como pobreza, violencia familiar, acoso escolar, problemas de salud mental y falta de seguridad pública, especialmente en comunidades vulnerables.
La pregunta que queda es: ¿cómo fortalecer la prevención para que más jóvenes encuentren alternativas alejadas del delito?
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