Redacción: Inés Arroyo
El reconocimiento facial se ha extendido en México a pasos acelerados y sin un marco legal que lo regule, advierte la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). En su más reciente informe, titulado “No nos vean la cara”, la organización documenta cómo esta tecnología opera en calles, aeropuertos y estadios sin el consentimiento de la población, generando riesgos serios para los derechos fundamentales.
La investigación, realizada durante más de cuatro años, revela que los sistemas instalados carecen de transparencia, presentan múltiples fallas técnicas y reproducen patrones de discriminación. Pese a ello, su implementación continúa sin evaluación independiente ni consulta pública.
El documento denuncia que el reconocimiento facial convierte el espacio público en una zona de vigilancia constante. Las cámaras capturan rostros de forma remota y sin notificar a las personas, a pesar de que la ley exige autorización expresa para tratar datos biométricos. Esta práctica vulnera la privacidad y desincentiva la libre manifestación y la reunión pacífica.
Además de la falta de regulación, R3D señala deficiencias graves en la tecnología. Se han documentado errores frecuentes, como falsas identificaciones, que afectan principalmente a personas de piel oscura, mujeres, adultos mayores, comunidades indígenas y personas LGBTTTIQ+. Estas fallas se agravan por bases de datos mal diseñadas y condiciones externas como la iluminación o el ángulo del rostro.
El informe también cuestiona la narrativa que presenta a estas herramientas como soluciones automáticas a los problemas de seguridad. R3D advierte que lejos de brindar certeza, la vigilancia masiva promueve el miedo, inhibe la participación social y expone a la ciudadanía a posibles abusos, filtraciones y robo de identidad.
Ante este panorama, la organización propone una moratoria en el uso de reconocimiento facial en espacios públicos hasta que exista una legislación robusta. También llama a establecer límites claros, garantizar la transparencia en las contrataciones gubernamentales y someter estos sistemas a auditorías independientes.
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