Redactor: Sam Torne
El PRI ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reciente reforma al Poder Judicial. Los senadores del PRI, encabezados por Alejandro ‘Alito’ Moreno, presidente del partido, y Carolina Viggiano, secretaria general, argumentan que esta reforma vulnera los principios de independencia del Poder Judicial y la división de poderes en México.
El principal argumento del PRI es que la reforma no aborda adecuadamente los problemas del sistema judicial. Alejandro Moreno afirmó en una conferencia de prensa que, en lugar de una reforma judicial que realmente mejore la justicia en México, se trata de un intento del gobierno en el poder de controlar al Poder Judicial. Según el dirigente, la reforma es «una locura» que no resuelve las necesidades urgentes del sistema de justicia, y añadió que rompe el equilibrio entre los poderes, afectando el régimen democrático del país.
Además, el PRI ha señalado que el proceso de aprobación de la reforma estuvo lleno de irregularidades. Según los legisladores, se violaron suspensiones judiciales durante el debate y la votación en el Congreso de la Unión, lo que vicia el proceso legislativo. Moreno insistió en que el partido tiene la responsabilidad de señalar estos errores y abrir un debate público sobre las implicaciones de la reforma.
Preocupaciones sobre la división de poderes
Carolina Viggiano, en representación del PRI, subrayó que la reforma no fue objeto de una discusión pública adecuada ni de una deliberación amplia en las entidades federativas. Señaló que esta falta de transparencia perjudica gravemente el principio de independencia judicial. La senadora afirmó que la reforma favorece el control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, lo que socava uno de los pilares del sistema democrático mexicano.
Con la acción de inconstitucionalidad presentada, el PRI busca que la SCJN revise la legalidad de la reforma y determine si vulnera la Constitución. De acuerdo con Alejandro Moreno, este es un paso necesario para garantizar que las leyes del país se apliquen de manera justa y que se mantenga la independencia del Poder Judicial. Los priistas insisten en que la reforma judicial, tal como fue aprobada, no traerá mejoras reales en términos de justicia, sino que agravará los problemas del sistema.
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