En un contexto de inseguridad continuada, un reciente reporte de la Administración para el Control de Drogas (DEA) ha intensificado las preocupaciones sobre la seguridad en México, evidenciando supuestas conexiones entre algunos sectores del gobierno y grupos criminales organizados. El informe destaca la influencia creciente de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que según se menciona, operan con impunidad gracias a una red de corrupción que implicaría a agentes del orden, militares y políticos.
El informe de la DEA, que data del año 2024, se suma a una serie de acusaciones previas que sugieren una falta de estrategia efectiva contra el crimen organizado por parte de la administración actual, denominada popularmente como la 4T. Senadores del PRI y del PAN han expresado su preocupación, alegando que el informe confirma denuncias hechas desde 2021 sobre la relación entre el gobierno y los narcotraficantes, poniendo en tela de juicio la integridad de la política de seguridad nacional.
Desde el partido gobernante, Morena, se ha calificado el informe como “electorero”, insinuando que tiene motivaciones políticas detrás. Sin embargo, este panorama de alegaciones cruzadas no hace más que subrayar la urgencia de una estrategia robusta y transparente en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en México. La presencia confirmada de cárteles en Estados Unidos también refleja la dimensión transnacional del problema, que requiere cooperación efectiva a nivel internacional.
La DEA, por su parte, ha sido criticada por no presentar evidencia concreta que sustente sus afirmaciones, lo que añade una capa de complejidad al debate sobre la verdadera escala y naturaleza de la colaboración entre criminales y autoridades en México. A medida que el informe circula y las reacciones se suceden, queda claro que la seguridad nacional seguirá siendo un tema candente en la agenda política del país.
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