Redacción Andrea García
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se dará continuidad al diálogo con el objetivo de encontrar puntos de coincidencia en los asuntos que todavía generan desacuerdos. Esta decisión reabre la discusión sobre la participación de los pueblos indígenas y afromexicanos en la construcción de las disposiciones legales destinadas a reconocer y proteger sus derechos.
Durante su conferencia matutina del lunes 12 de octubre de 2026, Sheinbaum explicó que el proceso de consulta continúa y que la intención es avanzar hacia una propuesta que cuente con mayores consensos. La ampliación permitirá mantener las conversaciones sobre los temas que necesitan revisarse antes de que la iniciativa sea presentada ante el Congreso de la Unión. Con esta medida, el Gobierno federal busca atender las diferencias que persisten entre las autoridades y las comunidades participantes.
La organización de este ejercicio está a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, instancias que intervienen en las actividades relacionadas con la iniciativa. En junio de 2026, el Gobierno anunció un proceso de consulta dirigido a 16 mil 728 comunidades, pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano de México.
Además, se planteó traducir los materiales informativos a las 68 lenguas indígenas habladas en el país, con la finalidad de facilitar la comprensión de la propuesta y promover la participación de las comunidades en las distintas etapas del procedimiento. Pese a los esfuerzos de diálogo, la iniciativa ha recibido críticas de integrantes de organizaciones y comunidades indígenas.
Durante la Asamblea Nacional Conmemorativa por los 30 años del Congreso Nacional Indígena (CNI), algunos participantes expresaron su oposición a la propuesta gubernamental y a los mecanismos establecidos para realizar la consulta. Estas manifestaciones se suman a las inconformidades y los recursos legales que rodean el proceso, así como a las diferencias sobre la manera en que deben recogerse y considerarse las opiniones de los pueblos.
Las autoridades enfrentan el reto de fortalecer el diálogo y generar condiciones para alcanzar acuerdos. La Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos busca establecer disposiciones generales para reconocer, proteger y garantizar los derechos de estas comunidades. Por ello, la ampliación de la consulta será importante para determinar qué observaciones pueden incorporarse a la iniciativa y cómo se atenderán los puntos que permanecen en discusión.
También será fundamental conocer de qué manera se garantizará que las comunidades tengan acceso a información clara y suficiente para expresar sus opiniones. La participación de los pueblos involucrados constituye uno de los aspectos centrales de este proceso, debido a que las decisiones legislativas pueden tener repercusiones en sus derechos colectivos y sus formas de organización.
Con la extensión de la consulta, el Gobierno de Claudia Sheinbaum pretende continuar las negociaciones antes de llevar la propuesta al Poder Legislativo. Sin embargo, la decisión no significa que las controversias hayan quedado resueltas ni que exista un acuerdo definitivo entre todas las partes.
Las siguientes etapas permitirán conocer cómo se organizará el diálogo, cuáles serán los mecanismos para atender las inconformidades y qué cambios podrían reflejarse en el documento final. El desarrollo de este proceso será determinante para evaluar los avances en la construcción de consensos sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y el papel que tendrán las comunidades en la definición de las disposiciones que buscan garantizar sus derechos.
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