Redacción: Javier Escárcega
El gobierno de la Ciudad de México aseguró este 25 de febrero de 2026 que la reubicación del campamento de migrantes instalado en la zona de Vallejo se llevará a cabo mediante el diálogo y bajo estricto respeto a los derechos humanos.
El gobierno de la Ciudad de México ha enfatizado que no existe intención alguna de usar violencia para reubicar a las personas migrantes que actualmente pernoctan en la vía pública en la zona de Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero. La postura fue expresada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien aseguró que la administración capitalina trabaja para resolver la situación mediante diálogo continuo con las familias afectadas, con el propósito de lograr acuerdos que les permitan acceder a opciones habitacionales dignas fuera de las calles.
De acuerdo con autoridades locales, el enfoque institucional ha sido privilegiar el entendimiento y la persuasión en lugar de medidas represivas, precisando que “de ninguna manera se trata de estar violentando a los migrantes”, sino de convencerlos de que un albergue puede representar un entorno más seguro y saludable para ellos y sus hijos. Esta explicación busca también desmentir percepciones de que las acciones podrían implicar un uso arbitrario de la fuerza.
En apoyo a ello, la administración recordó que se han implementado diversas medidas a favor de quienes se encuentran en situación de movilidad, como la creación de un padrón de migrantes, la entrega de credenciales que facilitan el acceso a servicios de salud y el respaldo para que los niños inscritos puedan asistir a escuelas de la ciudad. Estas acciones son presentadas como parte de una estrategia integral para promover la inclusión y el acceso a derechos humanos fundamentales.
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, detalló que al inicio de la presente administración aproximadamente 3 mil migrantes pernoctaban en la vía pública, mientras que actualmente se estima que solo 200 personas continúan en esa situación en el asentamiento cercano a las vías del tren de Vallejo. Esta disminución, según las autoridades, sería producto de las opciones de albergue y apoyo ofrecidas y aceptadas.
Asimismo, señaló que la administración local firmó un convenio con la Secretaría de Educación Pública federal, con el cual se garantiza que todos los menores que se encuentran en los albergues pueden acceder a la educación formal en cualquier escuela de la ciudad, un factor clave en el argumento para persuadir a las familias de trasladarse a espacios más adecuados.
Soin embargo, aunque el gobierno sostiene que su propósito es cooperar y dialogar, algunas organizaciones civiles han promovido amparos legales para que el campamento permanezca en su lugar, argumentando el derecho a la libre manifestación y cuestionando la idea de un traslado que consideran puede ser impuesto. Las autoridades, por su parte, han rebatido que las condiciones de vida en el lugar son insuficientes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de esa población.
Las autoridades enfatizan que, desde su perspectiva, un albergue ofrece condiciones más favorables como camas, techo, espacios para cocinar y acompañamiento médico, que las que actualmente se viven junto a las vías del tren, donde además existen riesgos de inseguridad por la proximidad a la infraestructura del transporte ferroviario. Con base en ello, el gobierno continuará promoviendo el traslado voluntario de las familias hacia lugares que, a su juicio, representan una mejor calidad de vida.
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