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Ciudades sede del Mundial 2026 enfrentan críticas por desalojos y encarecimiento

Ciudades sede del Mundial 2026 enfrentan críticas por desalojos y encarecimiento

Redacción: Arely Negrete  

Activistas LGBT alertan sobre desalojos, aumento de rentas y gentrificación en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey ante los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Colectivos denuncian impactos urbanos y riesgos para comunidades vulnerables en las ciudades sede del torneo. 

A medida que se acerca la copa mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, algunas organizaciones sociales han intensificado advertencias sobre los efectos urbanos que se logran percibir en la metrópolis. Aunque el evento es presentado como una gran oportunidad para el desarrollo, activistas de la comunidad LGBT tienen otra opinión. 

Consideran que los preparativos están acelerando desalojos, encareciendo viviendas y transformaciones que afectan a los grupos vulnerables. México albergara 13 partidos durante el torneo, incluyendo encuentros inaugurales, lo que ha desencadenado obras de infraestructura, rehabilitación de espacios públicos, así como proyectos de movilidad. 

Sin embargo, existen colectivos que han denunciado estos actos. Porque dichas intervenciones han provocado aumento en las rentas y en los servicios cercanos a estadios y corredores turísticos. Incluso en la capital del país, habitantes han denunciado incrementos significativos en alquileres ante la expectativa de la demanda inmobiliaria. 

Para personas pertenecientes a la comunidad LGBT, especialmente jóvenes expulsados de su hogar y mujeres trans que encuentran ciertos lugares como red de apoyo y vivienda accesible, para ellos representa un riesgo directo de desplazamiento con estos cambios. Como en Guadalajara, donde activistas señalan que el reordenamiento y la presión por mejorar la imagen urbana, impacta a trabajadoras sexuales y comercios informales. 

Las medidas que se han tomado para la regulación, así como los operativos de supervisión reducen las posibilidades de ingreso y limitan la permanencia en zonas céntricas. Lo que se centra en la preocupación de que se priorice la estética por encima de los derechos laborales y el acceso al espacio público. 

Por otro lado, en Monterrey además de estos proyectos se ha cuestionado el incremento en tarifas de transporte y hacia donde son destinados los recursos públicos. Colectivos locales sostienen que las mejoras deberían atender primero necesidades de la población residente, como vivienda digna y servicios básicos antes que atender estándares internacionales de hospitalidad. 

Las organizaciones advierten que los eventos deportivos de este alcance suelen acompañarse de procesos de gentrificación que elevan el valor del suelo y atraen inversión inmobiliaria, desplazando a quienes no pueden costearlos. En el caso de la comunidad LGBT que enfrenta mayores índices de informalidad laboral y discriminación, pueden profundizar en la exclusión social. 

Ante este panorama los colectivos exigen transparencia en los proyectos, mecanismos para evitar desalojos forzados y políticas de protección a inquilinos. El problema no es si reconocen o no la relevancia del mundial, pero se debe insistir dado que el patrimonio no debe traducirse a ciudades más caras y menos accesibles para quienes hoy en día las habitan. 

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