Por Daniela Paredes
Análisis expuso de las fallas estructurales en la política de seguridad y su impacto en la sociedad. Descubre el recuento completo de los daños y cómo perjudican la seguridad nacional.
La administración Sheinbaum inauguró su manejo en seguridad con un choque inquietante: reformas legislativas amplias simultáneas a una parálisis operativa. El gobierno transformó instituciones mientras en los territorios la violencia seguía íntegra Este desajuste nos enseña una desconexión importante entre la formulación de políticas y su implementación efectiva. Tras siete meses, la evidencia es clara: las decisiones de enero a julio no trataron fallos estructurales que preservan la inmunidad.
Falla 1: Divorcio funcional entre instituciones de seguridad y de justicia.
La primera falla radica en la persistencia de un sistema desvinculado donde policías y el Poder Judicial operan aislados. Las policías detienen, pero las fiscalías no procesan lógicamente; las fiscalías abren investigaciones sin conexión con inteligencia territorial; y el Poder Judicial actúa lejos de quienes producen los casos.
Decisión difícil: El gobierno permitió que los conflictos internos impidieran políticas de coordinación. La reforma judicial de 2025 resultó en cambios de composición sin resolver los cuellos de botella operativos que generan inmunidad. No se
establecieron sistemas integrados de manejo de casos con seguimiento desde la detención hasta la sentencia, ni unidades conjuntas fiscales-policiales con autoridades compartidas.
La tasa de inmunidad en extorsión alcanzó el 98% según la ENVIPE. Las policías municipales, condenadas a la desconexión, se volvieron objetivos vulnerables para la captación criminal. Cada institución opera bajo lógicas propias, dificultando la contención de delitos.
Falla 2: Estrategia fronteriza como instrumento de presión política.
Durante el periodo, el gobierno desplegó 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en estados fronterizos bajo presión directa de Estados Unidos para frenar el tráfico de narcóticos fuertes. Esta decisión subordinó las prioridades nacionales a las demandas externas.
Falla 3: Omisión de prevención y deterioro policial.
El texto legislativo fue voluminoso, pero la prevención —la herramienta más efectiva y de menor costo— nunca se desarrolló operativamente. No se creó un fondo federal especialmente para la prevención integral, ni se diseñaron perfiles especializados, ni se avanzó en una justicia cívica que ayude a resolver conflictos antes de que escalen.
Falla 4: Vulnerabilidad cibernética del Estado.
Entre abril y mayo, grandes instituciones sufrieron ciberataques. El Registro Civil fue hackeado con la filtración de miles de documentos; diversas fiscalías fueron comprometidas e incluso sistemas presidenciales fueron accedidos indebidamente.
La bifurcación no elegida.
Las fallas comparten una raíz común: la incapacidad de formular una política criminal de Estado coherente, resistente a presiones externas, pero dialogante e impulsada por diagnósticos reales. El gobierno respondió de forma defensiva a urgencias coyunturales mientras los fallos estructurales siguieron intactos.
Una política viable requería decisiones que no se tomaron entre enero y julio de 2025:
- Integración funcional de instituciones bajo una estrategia común.
- Política nacional de cuidados con recursos dedicados.
- Dignificación laboral policial como condición para contener la corrupción.
- Fortalecimiento cibernético.
- Prioridades basadas estrictamente en análisis internos.
La opción elegida fue producir normas sin transformar operaciones. México está ante una división: continuar con un activismo legislativo que convive con la impunidad, o construir una arquitectura de seguridad estructuralmente distinta. Los datos sugieren que la segunda opción no fue elegida. El precio de ese descuido será pagado por años.
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