Redacción: Naomi Vargas
El Tribunal Superior de Tokio ratificó la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, decisión que contradice demandas ciudadanas y reaviva tensiones sobre la protección legal de parejas LGBT en Japón.
El reciente fallo del Tribunal Superior de Tokio volvió a colocar a Japón bajo la mirada internacional, luego de que la corte decidiera mantener la prohibición del matrimonio igualitario. Esta resolución ocurre en un contexto en el que crece la presión social y política para que el país reconozca plenamente los derechos de la comunidad LGBT, especialmente en materia de seguridad jurídica, herencia y derechos familiares.
De acuerdo con activistas y colectivos por la igualdad, la decisión representa un retroceso para miles de parejas que llevan años exigiendo un marco legal que les permita proteger su vida en común. Aunque varias cortes locales habían emitido fallos favorables al matrimonio entre personas del mismo sexo, la postura del tribunal capitalino marca un precedente importante al sostener que la Constitución japonesa solo reconoce la unión entre un hombre y una mujer.
Este criterio, señalan expertos, mantiene a Japón como el único país del G7 que no ha legalizado el matrimonio igualitario, a pesar de que encuestas nacionales muestran un apoyo social creciente —especialmente entre jóvenes— hacia un cambio legislativo que garantice igualdad ante la ley. La falta de reconocimiento legal genera múltiples vacíos: parejas LGBT continúan sin acceso a derechos básicos como adopción conjunta, coberturas médicas familiares y decisiones compartidas en situaciones de emergencia.
Organizaciones de derechos humanos criticaron el fallo al considerarlo una oportunidad perdida para avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Para ellas, la decisión no solo afecta a parejas actuales, sino también a generaciones futuras que seguirán expuestas a discriminación institucional. Los activistas recuerdan que la no legalización perpetúa desigualdades que vulneran tratados internacionales de los que Japón es parte.
Sin embargo, el fallo también movilizó a nuevos sectores que exigen un debate legislativo urgente. Diversas prefecturas ya han implementado sistemas de “parejas unidas” o certificados de convivencia, pero estos mecanismos no tienen validez legal plena y dependen de normativas locales, por lo que su alcance es limitado.
A pesar del revés judicial, el movimiento LGBT japonés continúa creciendo y ganando visibilidad. Manifestaciones recientes reúnen a miles de personas que llaman al Parlamento a actuar y a reconocer que el matrimonio igualitario es un tema de derechos humanos, no de interpretación constitucional restrictiva.
Con esta decisión, Japón entra en una nueva etapa del debate: mientras el Poder Judicial reafirma el bloqueo, la presión social y política sigue aumentando, lo que podría acelerar futuras reformas que garanticen igualdad real para todas las familias.
¿Te gustó nuestra nota? ¡Contáctanos y deja tu comentario! AQUÍ
Conoce nuestra red ANCOP Network AQUÍ
Agregar comentario