Redactor: Sam Torne
El juez Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Morelia, Michoacán, rechazó este 27 de diciembre de 2024 la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) para revocar las medidas cautelares que suspenden la elección del Poder Judicial de la Federación (PJF). Este fallo ocurre en el contexto de un juicio de amparo promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUDEF), quien impugnó la reforma judicial actualmente en curso.
El INE argumentó que las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avalaban la continuidad de las elecciones para el PJF en 2025. Sin embargo, el juez Santamaría Chamú desestimó esta postura al considerar que dichas resoluciones no tienen efectos vinculantes sobre su juzgado. De acuerdo con el juez, las decisiones del TEPJF en este caso carecen de la fuerza jurídica de una sentencia definitiva y, por lo tanto, no pueden ser usadas como base para invalidar una medida cautelar emitida en un juicio de amparo.
En su resolución, el juez subrayó que el TEPJF no tiene jurisdicción para intervenir en asuntos propios del control constitucional que recaen en el Poder Judicial, dejando en claro que la Sala Superior del tribunal no puede dictar disposiciones vinculantes fuera de su ámbito de competencia.
La suspensión definitiva
La resolución judicial mantiene firme la suspensión definitiva contra la reforma judicial y establece que el INE debe acatar esta medida sin objeciones. Asimismo, Santamaría Chamú ordenó un plazo de 48 horas para que el instituto se abstenga de realizar acciones relacionadas con la elección del PJF mientras los litigios sobre la reforma sigan abiertos.
Como parte de las sanciones impuestas en este proceso, los once consejeros del INE deberán pagar una multa de 107,570 pesos. Esta sanción fue establecida el pasado 20 de diciembre y permanece vigente hasta su cumplimiento.
El fallo del juez federal señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la encargada de definir la validez y el alcance de las resoluciones emitidas por el TEPJF respecto a la reforma judicial. Mientras esto no ocurra, las autoridades están obligadas a respetar la suspensión definitiva impuesta por el juzgado.
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