Redactor: Sam Torne
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha comenzado un proceso legislativo para aprobar reformas que limitarían la posibilidad de impugnar modificaciones constitucionales, un tema que ha generado gran controversia entre las diferentes fuerzas políticas en México. Este movimiento, impulsado en su mayoría por los partidos aliados a Morena, busca evitar que cualquier cambio o adición a la Constitución pueda ser impugnado, suprimiendo mecanismos de control como el juicio de amparo y las controversias constitucionales.
El inicio del proceso se dio en medio de tensiones y señalamientos por parte de los partidos de oposición, quienes argumentaron que el procedimiento legislativo se llevó a cabo de manera apresurada. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) insistieron en la falta de transparencia y en la necesidad de abrir el debate a la sociedad civil y expertos en el tema, quienes, aseguran, podrían proporcionar un análisis más profundo y menos politizado del impacto de la reforma. La diputada del PAN, Paulina Rubio, expresó su preocupación sobre la violación del reglamento de la Cámara, mientras que legisladores de MC destacaron que este cambio compromete la democracia y los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Por otro lado, el bloque a favor, que incluye a Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), argumenta que la reforma es necesaria para fortalecer la «supremacía constitucional». Defensores como Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, argumentan que el cambio es legítimo y se apega al procedimiento, llamando a evitar «tácticas dilatorias» que impidan su avance.
¿Qué cambios incluiría la reforma?
La propuesta incluye modificaciones al artículo 107 y la adición de un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución mexicana, con el objetivo de blindar las reformas constitucionales de cualquier recurso judicial. Este cambio ha sido promovido como una forma de proteger la voluntad del Congreso y de evitar que actores políticos puedan frenar reformas mediante juicios. Sin embargo, críticos han señalado que este blindaje podría ser utilizado para impulsar reformas regresivas sin posibilidad de ser impugnadas en tribunales, limitando los mecanismos de control constitucional.
La propuesta ya fue aprobada en el Senado el pasado 25 de octubre, tras intensos debates y manifestaciones por parte de la oposición, quienes usaron megáfonos y pancartas en un intento de frenar su avance. La reforma ahora está en manos de la Cámara de Diputados, que la revisará y votará en los próximos días antes de que pase a los congresos estatales para su aprobación final, requiriendo el respaldo de al menos 17 legislaturas locales para consolidarse en la Constitución.
¿Te gustó nuestra nota? ¡Contáctanos y deja tu comentario! AQUÍ
Conoce nuestra red ANCOP Network AQUÍ
Agregar comentario