La ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa representa un retroceso en la protección de derechos humanos, advierte la Confederación Patronal de la República Mexicana.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se manifestó en contra de la propuesta de reforma al artículo 19 de la Constitución, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Asimismo, consideró que esta reforma no solo vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también establece un precedente peligroso al ampliar el uso de prisión preventiva oficiosa, sin el debido análisis de cada caso concreto.
Para la organización, esa intención contenida en una iniciativa de reforma constitucional dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la semana pasada, representa un retroceso en la protección de derechos humanos.
Según lo contenido en el dictamen, se pretende que el pleno del Congreso apruebe la adición de delitos como la defraudación fiscal y la extorsión, entre otros.
Además, se incorporó una reserva presentada por el diputado morenista, Leonel Godoy, para aplicar la norma de manera literal, limitando la posibilidad de defensa y la evaluación de medidas cautelares alternativas.
“Desde Coparmex, expresamos nuestra preocupación por el impacto potencial de esta reforma”.
Por otra parte, recordó que, en noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenó al Estado mexicano eliminar la prisión preventiva oficiosa, argumentando que vulnera los derechos humanos y contradice el principio de presunción de inocencia.
En este contexto, la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa representa un retroceso en la protección de derechos humanos, recalcó.
Asimismo, consideró que incluir el delito de defraudación fiscal en el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, puede resultar en un uso indebido de esta figura.
“La adición de la norma a literalidad limita la posibilidad de interponer mecanismos de defensa, como el juicio de amparo, y restringe la capacidad del ministerio público y del juez para considerar medidas cautelares alternativas”, puntualizó.
La organización reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en la búsqueda de alternativas que respeten el debido proceso y la presunción de inocencia, que, indicó, son principios esenciales en cualquier estado democrático.
FUENTE: EL ECONOMISTA
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