En el marco de la lucha contra la discriminación laboral, el Senado de la República recibió una minuta de la Cámara de Diputados con el objetivo de reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta propuesta busca reconocer, combatir y prevenir la discriminación laboral por motivos de maternidad y embarazo.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 20 por ciento de las mujeres mexicanas ha reportado sufrir algún tipo de discriminación laboral en distintas formas.
La minuta, actualmente en manos de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, plantea la inclusión de la discriminación por motivos de maternidad, embarazo o lactancia como formas de violencia laboral y docente. Esto abarcaría amenazas, humillaciones, intimidación y explotación, entre otras conductas indebidas.
En caso de ser aprobada, la reforma requeriría que los Ministerios Públicos consideren la maternidad y el embarazo como necesidades particulares al proteger a mujeres víctimas de un delito. Asimismo, las órdenes de protección administrativas deberían incluir apoyo médico, psicológico y legal para aquellas mujeres que han sido discriminadas debido a su embarazo.
La propuesta también asigna a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la tarea de establecer un registro de casos de discriminación, permitiendo identificar patrones de comportamiento negativo hacia mujeres embarazadas, en situación de maternidad o lactancia, así como los perfiles de quienes perpetran dichas agresiones.
Con el objetivo de prevenir la discriminación en todas las entidades federativas, se plantea la implementación de programas y cursos especializados para Ministerios Públicos, peritos y personal encargado de atender a víctimas. Esto garantizaría una consideración prioritaria a la violencia por motivos de embarazo, maternidad o lactancia, reconociendo a las mujeres embarazadas como un grupo de atención prioritario.
Los datos revelados por el INEGI subrayan la urgencia de abordar este problema, con un 21.7 por ciento de las mujeres mexicanas informando haber experimentado algún tipo de discriminación laboral en el último año. Entre estos casos, un cuatro por ciento se enfrentó a solicitudes de prueba de embarazo como requisito para el empleo, mientras que el 0.6 por ciento sufrió despidos, falta de renovación de contrato o disminución de salario debido a su embarazo.
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