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Erosionan contrapesos internos y procesos de control administrativo en el INE tras indagatorias financieras  

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El Sistema Nacional Anticorrupción advirtió que la pérdida de contrapesos en la presidencia del INE facilitó presuntas irregularidades administrativas durante la gestión pasada. 

Redacción Fernando Ovando 

El otorgamiento de amplias facultades a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) provocó una severa erosión en los contrapesos internos del organismo, situación que propició el reciente escándalo por presuntas irregularidades administrativas y de gasto registradas durante la gestión de Guadalupe Taddei. Así lo señaló Rafael Martínez Puón, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPCSNA). 

Ante este panorama de revisión institucional, el comité envió el pasado 27 de octubre una comunicación formal a la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, para ofrecer su participación como observadores y coadyuvantes en los procesos de saneamiento y limpieza administrativa del organismo. La propuesta contempla la vigilancia directa de las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como la revisión minuciosa de la documentación que respalda las compras y contrataciones públicas. 

El especialista destacó que las decisiones de adquisición no recaían exclusivamente en la titularidad del instituto o en la Dirección Ejecutiva de Administración, sino que debían ser avaladas por un órgano colegiado conformado por directores ejecutivos y representantes de diversas áreas. En este sentido, apuntó que las investigaciones y revisiones a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deben extenderse al desempeño de quienes integraban dicho comité, evaluando si existió subordinación en las votaciones debido a los nombramientos directos de la administración anterior. 

Asimismo, el representante ciudadano enfatizó que, hacia adelante, los procesos de compra en el órgano electoral deben priorizar estrictamente las licitaciones públicas transparentes en lugar de las adjudicaciones directas, además de garantizar la participación real de testigos sociales. Paralelamente, el comité ofreció supervisar los concursos para el ingreso de personal administrativo, asegurando la imparcialidad y evitando la asignación de plazas bajo criterios de favoritismo o vínculos partidistas. 

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