Redacción Fernando Ovando
Con el objetivo de erradicar los abusos y prevenir situaciones de violencia extrema durante los procedimientos judiciales de desocupación de inmuebles, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la puesta en marcha de un esquema integral de acompañamiento institucional y social enfocado en la protección de los derechos humanos de los inquilinos.
Durante la presentación de la estrategia, autoridades capitalinas aclararon que la medida no invalida ni anula los mandatos dictados por los tribunales, sino que establece un protocolo de actuación coordinado entre diversas dependencias para intervenir de manera pacífica. El gabinete especial estará facultado para detectar riesgos sociales e identificar casos de extrema vulnerabilidad económica antes y durante la ejecución de las diligencias.
Entre las acciones operativas contempladas destaca el apoyo logístico para el traslado seguro y el almacenamiento temporal de las pertenencias de las personas afectadas, evitando que los enseres queden expuestos o abandonados en la vía pública. Asimismo, el programa prevé la canalización directa de los afectados hacia redes de apoyo institucional, programas de asistencia social y alternativas habitacionales temporales.
Con este despliegue, la administración local busca transformar la atención a los conflictos inquilinarios en la capital, garantizando que los procesos legales se lleven a cabo bajo estrictos estándares de respeto a la dignidad humana, evitando que las familias queden en situación de calle o desprotegidas ante resoluciones de carácter judicial.









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