Redacción Michelle Velázquez Belmont
La inacción de la Fiscalía General de la República durante más de tres años en la indagatoria del caso Agronitrogenados resultó determinante para que una juzgadora federal rechazara imponer la prisión preventiva justificada a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del antiguo titular de Petróleos Mexicanos. A pesar de que este expediente figura como uno de los entramados de corrupción más notorios del país, la parálisis institucional del Ministerio Público debilitó la postura de las autoridades ministeriales, quienes pretendían asegurar la reclusión de la señalada bajo la premisa de que existía un peligro inminente de evasión de la justicia.
En la comparecencia judicial efectuada en las instalaciones del Reclusorio Norte, la representación social argumentó la supuesta urgencia cautelar demostrando que habían inspeccionado de manera infructuosa cinco inmuebles en la capital del país. No obstante, la defensa desvirtuó dicha justificación al evidenciar la antigüedad de las actuaciones, puesto que los mandatos de captura databan de mediados de 2023 y las verificaciones policiales se ejecutaron poco después. Ante esta coyuntura, la autoridad judicial recriminó severamente que no se aportaran elementos de convicción recientes ni estudios actualizados de riesgo procesal, determinando que la falta de diligencia del propio Estado no podía traducirse en un perjuicio que privara de la libertad a la imputada, desestimando de este modo la teoría de una probable fuga.
La reactivación de los esfuerzos de localización ocurrió de manera imprevista a finales de junio de 2026, cuando las autoridades de migración notificaron que la acusada se disponía a abordar un vuelo con rumbo a la capital francesa, lo que impulsó una solicitud de última hora para emitir una notificación internacional de búsqueda ante Interpol. A pesar de ello, el arresto se concretó a inicios de julio en el aeródromo principal de la Ciudad de México a su retorno voluntario. La juzgadora constató que el comportamiento de la señalada no reflejaba una intención de ocultamiento, debido a que transitó de forma regular por los filtros oficiales empleando sus identificaciones vigentes.
Asimismo, se consideró que Lozoya Austin mantiene su residencia habitual junto a sus padres, destacando que su madre se encuentra sujeta a un régimen de confinamiento domiciliario con custodia permanente por la misma causa penal. Al evaluar que el entorno familiar y el domicilio estaban plenamente identificados, la funcionaria judicial concedió la libertad condicional sujeta al uso de un localizador electrónico. Este fallo evidenció de forma directa el prolongado estancamiento de los trabajos de investigación de la fiscalía federal a lo largo de un trienio en este controvertido proceso.
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