Redacción: Michelle Velázquez Belmont
Clara Brugada promulga Ley del Sistema de Cuidados CDMX: en qué consiste la nueva legislación, apoyo a cuidadoras, infraestructura Utopías
La Ciudad de México ha marcado un hito en América Latina con la promulgación de la Ley del Sistema de Cuidados por parte de la mandataria Clara Brugada Molina. Esta normativa busca edificar un entorno de bienestar absoluto y combatir de raíz la disparidad de género arraigada en los hogares, convirtiendo a la capital en el primer territorio de la región en poseer un marco jurídico de esta índole que valida el derecho universal a la atención y el resguardo personal.
Brugada Molina describió este avance como el origen de una transformación profunda orientada a saldar un compromiso histórico con el sector femenino. En sus declaraciones, enfatizó la necesidad de revertir la carga que ha pesado sobre las mujeres, abogando por un esquema que reduzca sus jornadas laborales invisibles para otorgarles libertad y dignidad.
Para contextualizar la gravedad de la situación, la gobernante expuso que el ochenta por ciento de quienes invierten más de cuarenta horas a la semana en labores del hogar y asistencia en la metrópoli son mujeres. Además, precisó que a escala nacional este esfuerzo sin retribución económica representa la cuarta parte del Producto Interno Bruto, una cifra que rebasa los cuatro billones de pesos.
La nueva estructura legal descansa sobre una triple premisa fundamental que comprende la facultad de brindar atención, la garantía de recibirla y la relevancia de velar por la propia salud. Con el fin de concretar estos propósitos, la administración local asumió el compromiso de ampliar de forma prioritaria la infraestructura urbana. Al concluir el actual periodo gubernamental, se contempla la edificación de un centenar de proyectos comunitarios conocidos como Utopías, así como la apertura de trescientos centros orientados a la educación inicial y el resguardo de infantes. Del mismo modo, se habilitarán doscientos espacios de estancia diurna destinados a la población de la tercera edad y doscientos sitios especializados para el apoyo de personas con discapacidad.
Este proyecto normativo obtuvo un sólido respaldo de diversas corrientes partidistas en el órgano legislativo local. Representantes de la bancada mayoritaria resaltaron que la ley emana directamente del diálogo con la ciudadanía, recogiendo las demandas de múltiples sectores tras un proceso de parlamento abierto en el que intervinieron más de seis mil individuos y organizaciones.
Desde la oposición se aplaudió la voluntad política y la receptividad para alcanzar un acuerdo unánime, subrayando que la transversalidad de la medida compromete a todas las dependencias del gobierno local. Como acción inmediata, la jefa de Gobierno ordenó la creación de un comité técnico encargado de cuantificar oficialmente el valor del trabajo doméstico no pagado, buscando con ello eliminar la carencia de tiempo libre y cimentar un modelo de protección social de vanguardia internacional que priorice el bienestar mental, los derechos laborales y el descanso de quienes cuidan.
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