Redacción Marlone Serrano
El Gobierno de la Ciudad de México alista una reforma legal para poner freno a los llamados “franeleros” o “viene-viene”, quienes apartan lugares en la vía pública para luego cobrarlos a automovilistas, muchas veces con tarifas arbitrarias y bajo amenazas. La propuesta contempla sanciones más severas, incluyendo hasta 36 horas de arresto inconmutable, con el objetivo de recuperar el espacio público y proteger a la ciudadanía.
La iniciativa será enviada en los próximos días al Congreso local por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y forma parte de una serie de reformas relacionadas con el uso del espacio urbano y los espectáculos públicos. Así lo anunció el diputado Paulo Emilio García, de Morena, durante la conferencia “La Chilanguera”.
“La situación con los franeleros es una queja constante en eventos masivos, y a veces se convierte en un problema de seguridad. No basta con sanciones económicas: buscamos que la ley contemple arresto hasta por 36 horas”, afirmó el legislador.
Actualmente, la Ley de Cultura Cívica sanciona esta práctica con una multa de alrededor de 300 pesos, pero la propuesta busca endurecer las consecuencias para quienes condicionen el uso del espacio público, en especial en zonas cercanas a recintos como el Palacio de los Deportes, el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Estadio Ciudad de los Deportes y el Estadio GNP.
Los reportes ciudadanos han documentado cobros de hasta 200 pesos o más por cajón de estacionamiento, sin regulación ni garantía de seguridad para los automovilistas. En algunos casos, se han denunciado intimidaciones y amenazas, principalmente contra vecinos que se rehúsan a pagar por estacionarse frente a sus propias viviendas.
La reforma no buscará penalizar con cárcel, pero sí eliminar el carácter conmutable de la sanción, es decir, que no podrá sustituirse por una multa. Se espera que el Congreso capitalino discuta la propuesta en un periodo extraordinario entre junio y agosto de este año.
De aprobarse, sería un paso importante en la regulación del espacio público y en la atención a una de las quejas más persistentes de la ciudadanía capitalina.
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