Redactor: Sam Torne
La diputada Laura Ballesteros, representante del partido Movimiento Ciudadano (MC), ha presentado una propuesta que busca despenalizar la producción, comercialización, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas en México. La iniciativa también contempla la implementación de impuestos a este mercado, con el objetivo de reducir el poder económico del crimen organizado y generar ingresos fiscales considerables para el país.
La propuesta, que incluye reformas a los artículos 4 y 73 de la Constitución, representa un cambio paradigmático en la estrategia frente al consumo de sustancias. Ballesteros señaló que el objetivo principal es abordar el problema desde una perspectiva de salud pública, alejándose del enfoque punitivo que ha predominado durante décadas.
En el régimen transitorio de la iniciativa, se establece que el Ejecutivo Federal deberá implementar un Plan Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, garantizando servicios de salud accesibles para los consumidores.
El Congreso de la Unión tendría un plazo de un año para realizar los ajustes necesarios en las leyes fiscales y penales relacionadas con la propuesta, asegurando su viabilidad jurídica y administrativa.
Potencial recaudatorio: más de un billón de pesos
Uno de los puntos más destacados de la propuesta es la estimación del impacto económico. Según la diputada, gravar este mercado con impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) podría generar ingresos anuales de hasta 1.1 billones de pesos.
Estos recursos serían clave para financiar programas sociales, fortalecer el sistema de salud y mejorar las condiciones de seguridad pública en el país. Además, la diputada destacó que la medida busca quitarle al crimen organizado una de sus principales fuentes de financiamiento.
La perspectiva internacional
México no sería el primer país en despenalizar las drogas ni en gravar su mercado. Países como Portugal han implementado modelos que priorizan la atención a la salud, logrando reducir significativamente el impacto del consumo problemático. En Estados Unidos y Canadá, la regulación del cannabis ha demostrado ser una fuente importante de ingresos fiscales.
Aunque la propuesta promete grandes beneficios, también enfrenta retos considerables. Críticos señalan que la despenalización podría incrementar el consumo de sustancias y generar desafíos en su regulación efectiva. Además, el diseño de una política fiscal eficiente será crucial para evitar el fortalecimiento de mercados paralelos o ilegales.
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