Redacción: Amairany Ramírez
En un paso considerado crucial para la implementación de políticas públicas inclusivas, el Gobierno de México instaló este jueves el Mecanismo para la Implementación y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este organismo tiene como objetivo coordinar acciones entre 17 secretarías de estado, órganos nacionales e instancias legislativas, en cumplimiento con la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y su reglamento.
La ceremonia, realizada en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, fue presidida por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Segob, quien destacó que este mecanismo permitirá articular esfuerzos para el diseño y ejecución de políticas públicas dirigidas a estas comunidades históricamente vulneradas. Rodríguez Velázquez subrayó la importancia de este organismo como un paso clave en la agenda del actual gobierno y señaló que será esencial para la implementación de la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas.
En el evento también participó Adelfo Regino Montes, director general del INPI, quien destacó que esta iniciativa representa un avance significativo en lo que calificó como “la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación”. Montes indicó que el nuevo instrumento normativo será la base para coordinar trabajos interinstitucionales que garanticen la plena implementación de las reformas al artículo 2 constitucional.
El Mecanismo tiene como propósito central la definición, supervisión y evaluación de políticas, programas y proyectos que integren las particularidades sociales, culturales, económicas y lingüísticas de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su trabajo se centrará en asegurar que todas las acciones tengan pertinencia cultural y respeten las tradiciones de estas comunidades.
Este órgano estará presidido por la Secretaría de Gobernación, que asume la responsabilidad de coordinar las estrategias de política interna, mientras que el INPI desempeñará el rol de secretaría técnica, consolidando su posición como la instancia central para los asuntos relacionados con los pueblos originarios.
A pesar del carácter histórico del evento, expertos han señalado los retos que enfrentará este mecanismo, entre los cuales destacan la falta de recursos suficientes, la complejidad de coordinar a múltiples dependencias y la necesidad de un enfoque que considere las demandas específicas de cada comunidad indígena. La instalación de este organismo marca un hito en la política pública mexicana, pero su éxito dependerá de su capacidad para superar las barreras estructurales y garantizar una verdadera inclusión de las comunidades indígenas en los procesos de toma de decisiones.
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