Redacción: Amairany Ramírez
En el marco del Día de los Derechos Humanos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó este martes un decreto histórico que permitirá la publicación en más de 50 lenguas originarias de la reforma constitucional que otorga derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Esta reforma, que busca reconocer y proteger los derechos de estas comunidades, representa un paso crucial en el camino hacia la inclusión y la justicia social para los pueblos originarios de México.
El acto, realizado en la conferencia de prensa habitual de la mandataria, también incluyó la firma de otro decreto que establece la creación de una Comisión Presidencial encargada del seguimiento y la atención de los planes de justicia destinados a los pueblos indígenas y afromexicanos. Con esta medida, el gobierno federal reafirma su compromiso con la reparación histórica de las injusticias y los daños sufridos por estas comunidades a lo largo de los años, particularmente a raíz de los proyectos extractivos y el abandono de las autoridades anteriores.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recordó en su intervención que durante décadas, México fue un país marcado por la exclusión, discriminación, racismo y clasismo, realidades que, aseguró, fueron “normalizadas” en la sociedad. Sin embargo, destacó que desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, el país comenzó a transformar su enfoque, colocando en el centro del gobierno el bienestar de la ciudadanía y reconociendo los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
En este contexto, Sheinbaum subrayó la importancia de los avances logrados en los últimos años para resarcir los daños a las comunidades originarias, subrayando que hasta ahora existen 17 planes de justicia que benefician a 26 pueblos indígenas en 12 estados, alcanzando a más de 420,000 habitantes. Estos planes han recibido una inversión de 27,000 millones de pesos (aproximadamente 1,350 millones de dólares) y buscan restaurar los daños causados por proyectos extractivos, así como proveer de recursos para el desarrollo y bienestar de las comunidades afectadas.
La creación de la Comisión Presidencial, que estará integrada por la Presidencia de la República y diversas dependencias de la Administración Pública Federal, tiene como objetivo coordinar los esfuerzos de seguimiento y ejecución de estos planes de justicia. Además, se ha dispuesto la creación de una Coordinación General de Planes de Justicia y Desarrollo Regional en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para facilitar la planeación e implementación de los proyectos.
Cada uno de los planes contará con una Comisión de Autoridades Tradicionales, quienes serán responsables de administrar los recursos asignados a sus comunidades de manera directa, asegurando así que los fondos sean utilizados de forma eficiente y conforme a las necesidades específicas de cada pueblo.
Esta serie de medidas se enmarca dentro del compromiso de la actual administración por corregir los errores del pasado y garantizar que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan acceso a una vida digna, libre de discriminación y exclusión.
¿Te gustó nuestra nota? ¡Contáctanos y deja tu comentario! AQUÍ
Conoce nuestra red ANCOP Network AQUÍ
Agregar comentario