Redactor: Sam Torne
La reciente reforma constitucional aprobada por el Senado de México marca un momento histórico para la estructura energética del país. Con 86 votos a favor y 39 en contra, los legisladores han decidido que tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) volverán a ser empresas públicas del Estado. Esta reforma, que afecta los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, se encamina ahora a ser discutida en los Congresos estatales para su ratificación.
El principal objetivo de esta reforma es devolver el control total de Pemex y la CFE al Estado, revocando muchas de las reformas energéticas aprobadas en 2013 durante la administración de Enrique Peña Nieto. Aquellas reformas permitieron la participación de empresas privadas nacionales e internacionales en sectores estratégicos como la extracción de petróleo y la generación de energía, lo que el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador considera un error que debilitó el control del Estado sobre sus recursos naturales.
La administración actual busca retomar el control directo de las actividades energéticas y fortalecer las empresas estatales, bajo el argumento de que estas deben ser prioritarias para asegurar la soberanía energética del país.
Debate en el Senado
El debate en el Senado fue acalorado, y los senadores de oposición, del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, propusieron varias modificaciones que fueron rápidamente desechadas por la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados. Los opositores argumentaron que la reforma podría desincentivar la inversión extranjera y generar un retroceso en la modernización del sector energético. Sin embargo, los defensores de la reforma sostienen que esta es necesaria para proteger los recursos estratégicos del país y garantizar que los beneficios del petróleo y la electricidad lleguen directamente a los mexicanos.
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