Redactor: Sam Torne
El proceso de elección de jueces y magistrados en México se está perfilando como uno de los temas más debatidos para el ciclo electoral de 2025, la reforma judicial impulsada por el gobierno ha generado tanto respaldo como rechazo, lo que ha abierto un nuevo frente en la política nacional. El proyecto busca que los jueces sean elegidos por voto popular, un cambio drástico respecto al sistema actual, donde los nombramientos son realizados por el Ejecutivo y el Legislativo; el objetivo, según los promotores, es democratizar el Poder Judicial y hacer que los jueces rindan cuentas a los ciudadanos.
La primera votación está programada para junio de 2025, cuando se elegirán jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral y otros cargos clave, la segunda fase será en 2027, con una cobertura más amplia de jueces y magistrados a nivel estatal y federal. Sin embargo, los críticos advierten sobre los peligros de politizar el sistema judicial, argumentan que someter a los jueces al escrutinio electoral podría comprometer su imparcialidad, ya que estos estarían expuestos a influencias políticas y presiones populares.
Algunos sectores temen que esto abra la puerta a candidatos con vínculos partidistas o incluso al crimen organizado, afectando así la independencia judicial y el equilibrio de poderes en el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otras entidades judiciales han recibido solicitudes de jueces que buscan pronunciarse en contra de la reforma, las tensiones se han incrementado, especialmente tras el inicio de un paro indefinido de funcionarios judiciales en protesta por las modificaciones constitucionales.
La preocupación central es que el nuevo sistema afectará tanto a los jueces actuales como a quienes aspiran a cargos judiciales, eliminando las oposiciones y otros mecanismos meritocráticos que regían los ascensos en el Poder Judicial. Al mismo tiempo, el gobierno busca asegurar la transparencia y legalidad del proceso electoral, con propuestas de reformas a las leyes de procedimientos electorales y medios de impugnación, las próximas semanas serán cruciales para definir cómo evolucionará este enfrentamiento entre los poderes del Estado y cómo se resolverá la implementación de la polémica reforma.
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