Redactor: Sam Torne
El Juzgado Segundo de Distrito en Colima ha ordenado al Instituto Nacional Electoral (INE) suspender la organización de las elecciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) previstas para 2025. En caso de no acatar esta instrucción, cada consejero del INE será multado con más de 54 mil pesos. Esta resolución forma parte del juicio de amparo 1125/2024, promovido por la Fundación Iris en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que argumenta la inconstitucionalidad de la reforma judicial que establece elecciones populares para elegir a integrantes del Poder Judicial.
La reforma judicial impulsada en México contempla la elección de jueces, magistrados y ministros a través de procesos populares, algo inédito en la historia del país. Sin embargo, diversos sectores, entre ellos asociaciones de derechos humanos, han manifestado su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la independencia judicial. De acuerdo con el fallo del Juzgado Segundo de Distrito, el INE debe abstenerse de continuar con la implementación del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 mientras la suspensión provisional esté en vigor.
Además, el juzgado ordena al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detener la planificación para la transferencia de recursos materiales y financieros hacia el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de supervisar la disciplina y control interno dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF). Asimismo, instruyó al Senado de la República a no emitir convocatorias para la selección de candidatos, ni realizar ajustes a las leyes federales que faciliten esta transición.
Consecuencias para el INE y otros organismos
El incumplimiento de esta orden judicial podría acarrear sanciones significativas para los consejeros del INE, quienes enfrentan multas de 500 unidades de medida y actualización (UMA), equivalentes a 54 mil 285 pesos por cada consejero. Además, el fallo advierte sobre posibles denuncias penales por el delito de desacato, lo que incrementa la presión sobre los integrantes del INE para que cumplan con la suspensión dictada por el juzgado.
El fallo también afecta a la Cámara de Diputados, los congresos locales, y la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, quienes no podrán proceder con los ajustes legislativos necesarios para la implementación del proceso electoral extraordinario. Esta situación pone en pausa la reforma judicial, que ha sido un tema de gran controversia en los últimos meses.
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