Uno de los grandes retos que tienen las autoridades electorales en el país, de frente a la elección presidencial del 2024, en el contexto de su organización, es que se mantenga el control estricto de las revisiones y verificaciones de los gastos de campaña de todos los candidatos en tiempo y forma. Para ello los partidos y sus candidatos se erigen como los actores obligados no sólo a informar sobre sus gastos, sino a cooperar con la autoridad electoral atendiendo los principios de certeza y transparencia para blindar los procesos electorales de posibles financiamientos ilegales que nadie en este país queremos.
En este sentido, a lo largo de su historia, el IFE-INE ha adaptado las atribuciones que le han sido conferidas, en ocasiones, a marchas forzadas. Así sucedió con el Sistema Integral de Administración de Tiempos del Estado (SIATE), para administrar los tiempos en radios y televisión con la reforma constitucional y legal de 2007 y 2008 respectivamente, y con la gran cantidad de auditores y de especialistas que laboran en la UTF para solventar los oficios, las resoluciones y los dictamenes de los partidos con la reforma del 2014. Pese a estos grandes esfuerzos, actualmente el INE ha salido adelante en sus funciones administrativas y electivas.
En forma paralela, en su momento la inclusión de leyes y normas para la nueva figura de las candidaturas independientes en la legislación es un acierto que abrió el camino a los ciudadanos para aspirar a un cargo de elección popular sin la necesidad de estar vinculado a partido alguno. Esta adición fue el resultado de la desvinculación del ciudadano con las instituciones partidarias como representantes de sus demandas debido en algunos casos a su desprestigio y falta de credibilidad. Asimismo, es importante señalar que se introdujeron mecanismos participativos como la consulta popular y la iniciatva popular legislativa lo que hizo suponer una reducción tendencial de los ámbitos de monopolización e injerencia de los partidos políticos en los cargos de elección popular y en los procesos de legitimidad del régimen.
Esta normatividad fue probada en la elección 2014-2015 en donde resultaron ganadores de la contienda un número considerable de candidatos independientes, el más importante, Jaime Rodríguez Calderon “El Bronco” quien fue electo como gobernador de Nuevo León para el periodo 2015-2021.
A todos estos retos, se sumó la posibilidad de incrementar la participación ciudadana en cada uno de los procesos electorales a través de programas de educación cívica y del llamado al voto razonado en donde el INE tiene un peso fundamental.
Si bien las elecciones intermedias son menos votadas históricamente, otorgan una idea de cómo la participación se ha incrementado en las últimas décadas. En las elecciones intermedias de 2015 la participación fue de 47.7%, la del 2009 tuvo un resultado de 44.6% y la del 2003 de 41.8%. El incremento gradual pero consistente de alrededor de 3 puntos porcentuales en cada una, nos advierte de la presencia de una ciudadanía que está interesada y que le importa la gestión gubernamental en cualquier nivel. Mientras que en el 2006 la participación fue de 63.2%, en la elección del 2012 fue del 63% y en el 2018, la participación registrada fue del 63.4% del total del padrón electoral.
Según cifras del INE con respecto al padrón electoral y listado nominal, para 2024, se realizarán las elecciones más grandes de la historia de este país y probablemente de las más competidas de los tiempos recientes. De esta manera, aprovechando que actualmente México cuenta con ciudadanía crítica y que exige una correcta rendición de cuentas de sus representantes, invariablemente uno de los retos del INE será aumentar la participación electoral que, en las condiciones actuales para el 2024 podría alcanzar el umbral del 70% de participación. Sin duda, el mayor reto al que se enfrentan las autoridades electorales de este país.
Antonio Horacio Gamboa Chabbán
Maestro en Derecho Político y Administración Pública
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