Redacción: Arely Negrete
Un operativo de seguridad en las inmediaciones del Auditorio Nacional dejó como resultado la detención de 17 personas dedicadas a apartar lugares de estacionamiento en la vía pública. Estas prácticas afectan la movilidad, generan cobros indebidos y vulneran el uso equitativo del espacio urbano.
La ocupación irregular de la vía pública volvió a colocarse en el centro del debate urbano luego de que autoridades capitalinas realizaran un operativo sorpresa en las inmediaciones del Auditorio Nacional, donde fueron detenidas 17 personas que se dedicaban a apartar lugares de estacionamiento y a cobrar de manera informal a los automovilistas.
La intervención se llevó a cabo en una de las zonas con mayor afluencia de personas debido a eventos culturales, conciertos y actividades recreativas. De acuerdo con información oficial, las acciones se realizaron como parte de una estrategia para liberar vialidades, banquetas y pasos peatonales que eran obstruidos de forma constante.
En el operativo participaron elementos de seguridad que detectaron a personas utilizando objetos, conos y motocicletas para reservar espacios en la calle, lo que ya se ha detectado como uno de los motivos que genera no solo congestionamiento vial, sino también molestias y situaciones de posible intimidación hacia conductores.
Vecinos y asistentes frecuentes a la zona han señalado que estas prácticas se han normalizado con el paso del tiempo, especialmente durante eventos masivos. Para muchos ciudadanos, el cobro por estacionarse en la vía pública se percibe como una forma de extorsión tolerada, ya que no existe garantía de seguridad para los vehículos.
Durante el operativo también se detectaron irregularidades relacionadas con el uso de motocicletas sin cumplir con la normativa vigente, por lo que algunas unidades fueron aseguradas. Las autoridades informaron que entre las personas detenidas se encontraban tanto adultos como menores de edad, lo que abre un debate adicional sobre la participación de jóvenes en este tipo de actividades.
El gobierno ha insistido en que la vía pública no puede ser privatizada ni utilizada para fines de lucro personal, ya que se trata de un bien común que debe garantizar el libre tránsito y la seguridad de peatones y automovilistas. En este sentido, los operativos buscan enviar un mensaje claro de que el apartar lugares y cobrar por ellos constituye una falta administrativa y una afectación directa a la convivencia urbana.
No obstante, especialistas en temas sociales advierten que el fenómeno de los franeleros no puede entenderse únicamente desde una perspectiva de seguridad. Señalan que se trata de una actividad vinculada a la falta de empleo formal y a la precarización económica, por lo que las medidas de control deberían complementarse con programas de apoyo, capacitación y reinserción laboral.
La recuperación del espacio público es uno de los grandes retos de las ciudades modernas. Casos como el ocurrido cerca del Auditorio Nacional evidencian la necesidad de políticas integrales que combinen el cumplimiento de la ley con alternativas sociales reales. Mientras tanto, las autoridades han adelantado que este tipo de operativos continuará en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de garantizar orden, movilidad y respeto a los derechos de todos los ciudadanos.
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